Un juzgado federal concedió este jueves la libertad provisional a ocho militares que están implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
La liberación de los militares, acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada, ocurrió por un “criterio parcial y sesgado”, según denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que ha acompañado a las familias de los jóvenes desaparecidos.
Los soldados pertenecían a los batallones 27 y 41 de Infantería de Guerrero, estado del sur de México en el que ocurrió el crimen el 26 de septiembre de 2014 por un presunto contubernio de grupos criminales y autoridades, incluyendo al Ejército.
El juzgado, ubicado en el Estado de México, consideró innecesaria e injustificada la prisión preventiva para los militares, aunque la Guardia Nacional argumentó que existe un “alto” riesgo de fuga.
El Centro Prodh y las organizaciones Fundar, Talchinollan y SeraPaz, que también han seguido el crimen, acusaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de “seguir litigando a favor de los militares acusados en el caso Ayotzinapa, lo que se suma a su reticencia a entregar todos los documentos de sus archivos”.
”Esto confirma lo que hemos visto en los últimos años: el poder militar sin contrapesos afecta a la justicia y el esclarecimiento del caso”, concluyeron en un breve comunicado.
Las protestas por el caso Ayotzinapa se han incrementado ante las elecciones presidenciales del 2 de junio, pues los estudiantes actuales y familias acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador de proteger a militares involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes y de incumplir su promesa de resolver el caso.