El mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que al presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado en Caracas y quien enfrenta hoy su segunda audiencia ante la justicia de EE.UU., solo lo han procesado por “una fracción” de los delitos que ha cometido.
“Imagino que vendrán otros juicios, ya que, en realidad, solo se le ha procesado por una fracción de los delitos que ha cometido. Se presentarán otros casos”, aseguró Trump durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
“Vació sus prisiones en nuestro país, y espero que, en algún momento, se le impute ese cargo, pues se trata de una acusación grave que aún no se ha formulado, pero que debería formularse”, añadió el presidente.
El republicano recordó la operación militar del pasado 3 de enero que culminó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras la que enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo y conspiración.
“Fue una gran operación militar para capturar a un hombre sumamente peligroso, alguien que ha asesinado a muchísimas personas y que ha forzado a otras a entrar en nuestro país”, aseguró.
Maduro y su esposa vuelven hoy a personarse ante un juez federal de Nueva York en lo que supone la segunda audiencia de su proceso judicial.
El mandatario derrocado de Venezuela está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas.
“Fue uno de los principales proveedores de drogas que ingresan en nuestra nación. Ahora ha sido capturado y, supongo, se le está garantizando un juicio justo”, condenó Trump.
Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.
En su primera comparecencia, Maduro se declaró “no culpable” y se definió a sí mismo como un “prisionero de guerra”.
Los abogados de la pareja, Barry Pollack y Mark Donnelly, presentaron recientemente un documento en el que solicitaban la desestimación de los cargos y alegaban que el Gobierno de EE.UU. revocó las licencias que permitían usar fondos venezolanos para sufragar su defensa, lo que califican de “error administrativo”.
