Dicen en Córdoba que a Rafael Moreno, el periodista, lo mataron por denunciar contratos sucios. “El fantasma de un funcionario cuyos negociados denunció está detrás de esa muerte”, dice un cordobés que lo conoció y que como casi todo el mundo allá no da su nombre porque sabe que una cita en un diario puede despertar la ira de algún poderoso. Son pueblos donde el miedo abunda y la justicia escasea. La investigación judicial no ha llegado a identificar culpables aún.

Convencidos de que no debería salir barato matar a un periodista que ha arriesgado su vida para defender los dineros públicos de los colombianos más marginados, los colegas de Cuestión Pública y del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP, integrantes de la alianza internacional de medios coordinada por Forbidden Stories, resolvimos profundizar la investigación sobre contratación pública que había realizado el periodista asesinado en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano, dos pueblos al noroccidente de Colombia donde viven 140 mil personas y donde Rafael centró su lupa. Pero también ampliamos la investigación para revisar la contratación de otros cuatro municipios vecinos: Buenavista, Tierralta, Valencia y San José de Ure.

Con metodología de periodismo de datos, sacamos del Secop I (la base de datos de contratación del Estado colombiano) todos los contratos firmados durante los últimos dos períodos de gobierno (2016-2019 y 2020-2023) por las entidades de esos seis municipios, incluidas alcaldías, empresas de servicios públicos y hospitales.

Hasta dónde fue posible, dado el gran volumen de documentos, limpiamos los datos (que a veces vienen con errores en las cifras o nombres mal escritos)1 analizamos dimensiones y tendencias e investigamos a los 20 contratistas que acumularon contratos de mayor valor en estos siete años. Encontramos que detrás de al menos 11 de ellos, hay empresas o personas, denunciadas o sancionadas por irregularidades, bien sea por los órganos de control, por la justicia, la prensa o ciudadanos. Otro puñado de personas detrás de estos negocios tiene nexos con políticos de Córdoba que han sido sancionados por diversos delitos.

Como se aprecia en la gráfica, figuran entre los contratistas dos bancos, el Bancolombia y el Bogotá. Estos contratos corresponden a créditos otorgados a cinco de las seis alcaldías y que suman 25 mil millones de pesos. Algunos de estos créditos dejaron a los municipios endeudados por varios años. Por ejemplo, el alcalde de San José de Uré, Custodio Acosta, explicó a esta alianza, que bajo su gobierno, el municipio se endeudó en 5000 mil millones de pesos pagaderos a seis años. No explicó para qué era el crédito. Puerto Libertador fue el único de los seis municipios que no recibió estos créditos. Según aseguró a esta alianza el alcalde del municipio para el periodo 2016-2019, Espedito Duque, él consiguió casi quintuplicar el recaudo anual de impuestos que venía del anterior mandatario.