La decisión del máximo tribunal de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad (CC), de suspender el pasado fin de semana los resultados de los comicios, ha sido catalogada como arbitraria por expertos y pone en duda el futuro del proceso electoral.
Aunque la segunda vuelta electoral está programada para el 20 de agosto próximo y la CC ha ordenado que se lleve a cabo en la fecha reglamentaria, distintos sectores han advertido que el proceso puede quedar en el limbo.
Los expertos advierten que una situación similar es la que se vive en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país, donde no se han renovado a sus autoridades desde hace cuatro años luego de que el proceso se suspendiera por irregularidades.
La resolución del máximo tribunal responde a una solicitud de nueve partidos de la política tradicional del país que alegan que antes de adjudicar los cargos se debe revisar nuevamente las actas de la votación celebrada el 25 de junio.
“Es una resolución arbitraria y los magistrados están violando la ley electoral porque arremeten contra la decisión de los votantes”, declaró a EFE este lunes el abogado con experiencia en asuntos constitucionales, Ramón Cadena.
No existen precedentes en la historia de las elecciones de Guatemala donde los resultados queden congelados por una corte a falta de definir a las autoridades que dirigirán el país entre 2024 y 2028.
Cadena aseguró que “la Corte de Constitucionalidad no tiene facultad para ordenar que se suspendan los resultados y debía remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”.
Los comicios presidenciales del pasado 25 de junio clasificaron a segunda vuelta a la ex primera dama Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), seguida por el académico Bernardo Arévalo de León, de la agrupación socialdemócrata Semilla, que sorpresivamente se coló a la segunda vuelta tras arrasar en las zonas urbanas.
“Los partidos afines al sistema no esperaban que Arévalo y Semilla avanzaran a segunda ronda en las urnas, por eso están accionando en las cortes”, puntualizó el jurista.
El documento que presentaron los partidos tradicionales para suspender los resultados asegura que “existe riesgo y amenaza inminente de que se realice adjudicación de cargos a elección popular sin haber entrado a conocer las juntas electorales departamentales los vicios contenidos en actas manuscritas, actas digitalizadas, y consecuentemente, subsistentes al efectuarse la revisión de escrutinios a nivel nacional”.
Por su parte, Arévalo De León, junto a su compañera de fórmula Karin Herrera, accionaron el domingo ante la Corte de Constitucionalidad para intentar revocar la decisión de los magistrados argumentando que “están actuando en defensa del voto de los ciudadanos” y que “las resoluciones han carecido de legalidad”.
La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) también cuestionó, por medio de un pronunciamiento oficial del domingo, la resolución de la corte porque “abrieron la posibilidad de cuestionar el proceso de forma general y sembrar dudas donde no lo hay”.
