El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles 28 de julio una resolución bipartidista de “apoyo al pueblo cubano” tras las manifestaciones en la isla, que ahora será considerada en el pleno de la Cámara Alta, informaron los legisladores que la impulsan.
El demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité, y el republicano Marco Rubio, miembro de más alto rango del Subcomité para el Hemisferio Occidental, aplaudieron la adopción de la iniciativa tras las protestas que estallaron el 11 de julio en toda Cuba.
El texto expresa solidaridad con los cubanos “que se manifiestan pacíficamente por las libertades fundamentales”, condena “los actos de represión del régimen cubano” y pide “la liberación inmediata de los ciudadanos cubanos detenidos arbitrariamente”.
Según organizaciones de derechos humanos, las marchas dejaron un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.
Menéndez, hijo de cubanos y abierto crítico del gobierno de la isla, prometió seguir trabajando “arduamente” con sus colegas demócratas y republicanos, y con el presidente Joe Biden, para asegurar que Estados Unidos siga apoyando a los “valientes” cubanos que luchan “por forjar una apertura política en su país”.
Biden amenazó el viernes con nuevas medidas punitivas contra Cuba, bajo embargo comercial estadounidense desde 1962, al imponer sanciones financieras al ministro de Defensa y a una unidad antimotines por “represión” de las protestas.
“Esto es solo el comienzo: Estados Unidos seguirá sancionando a los responsables de la opresión del pueblo cubano”, advirtió Biden.
La resolución aprobada en el Comité de Relaciones Exteriores, copatrocinada por más de una decena de senadores, insta a gobiernos en Europa y América Latina y el Caribe a “comprometer su apoyo a la libertad y la democracia en Cuba” y a “denunciar la represión de manifestantes” en la isla.
Una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, convocada para esta mañana para “abordar la situación en Cuba”, fue postergada luego de cuestionamientos de Nicaragua y 13 países de la Comunidad del Caribe.
