El presidente de Bolivia, el izquierdista Luis Arce, anunció el sábado que decidió derogar una polémica ley de blanqueo de capitales que condujo a sectores opositores a iniciar un paro indefinido hace seis días.
“Hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1386, con el objeto de allanar el camino para que no exista el menor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía”, dijo Arce.
Las protestas, caracterizadas por marchas y bloqueos de calles, han derivado en enfrentamientos entre manifestantes, la policía y grupos afines al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), y han dejado más de cien detenidos y varios heridos.
El presidente había afirmado durante la semana que detrás del paro –que se cumple parcialmente en varias zonas del país– había un intento de “tumbar al gobierno”.
Por su lado, el opositor Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade) aseguraba que el gobierno buscaba mediante la polémica ley el “control de las actividades económicas del pueblo, persecución y amedrentamiento”.
Los principales disturbios se han producido en los departamentos de Potosí, al suroeste, y Santa Cruz, bastión opositor, al este, pero han ocurrido manifestaciones en todo el país.
La cuestionada ley, aprobada en agosto, establecía que la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo “podrá ser ajustada por el Ejecutivo (...) mediante decreto”. Esto causó inquietud en la oposición, que temía que fuera a ser usada como herramienta de persecución política.
