Panamá inició gestiones para salvaguardar los derechos laborales de los nueve tripulantes del buque N35, de bandera panameña, que fue detenido por la Armada de Venezuela el pasado 13 de junio.
Así lo informó la Dirección General de la Gente de Mar (DGGM), de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a través de un comunicado.
La entidad señaló que ha exigido a los armadores del buque el cumplimiento de sus responsabilidades con la tripulación, entre la cual se encuentra un ciudadano panameño.
El Departamento de Asuntos Laborales Marítimos de la DGGM también gestionó una cortesía de sala para que el Ministerio de Relaciones Exteriores pudiera atender a la familia del tripulante panameño detenido, así como al coordinador nacional de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés), Vladimir Small Ortiz.
“La información obtenida hasta el momento por la AMP proviene de los operadores del buque, quienes han confirmado que la tripulación arrestada ha recibido asistencia legal. Esto ha sido posible tras el restablecimiento de las relaciones consulares entre Venezuela y Panamá, formalizado el pasado 19 de junio y que entrará en vigor esta semana, cuando el personal retome sus funciones”, destacó la entidad.
La AMP añadió que, con la normalización de los vínculos diplomáticos, se espera obtener información oficial sobre la situación legal de los tripulantes y el proceso que enfrentan.
“Como Estado de abanderamiento del buque, la República de Panamá tiene el compromiso de garantizar el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales que protegen los derechos laborales y sociales de toda la gente de mar a bordo del N35”, subrayó la institución.
