La ocupación policial de las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la ciudad de Managua, Nicaragua, viola un acuerdo firmado entre el organismo regional y el gobierno nicaragüense en 1989.
Así lo reportó el diario La Prensa de Nicaragua, que consultó a varios especialistas en derecho, diplomacia y relaciones internacionales, luego que este martes 26 de abril la vicepresidenta Rosario Murillo, oficializó la confiscación del edificio que ocupada la OEA.
Murillo dijo que el edificio fue declarado de “utilidad pública”, pese a que era un local rentado, de acuerdo con fuentes consultadas por el rotativo nicaragüense.
Fue firmado el 2 de octubre de 1989 por el entonces ministro del Exterior, Miguel D’Escoto Brockmann. Expertos en derecho y relaciones internacionales analizan el escenario y las posibles acciones de la OEAhttps://t.co/8nXZfojW4I
— LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) April 27, 2022
El citado acuerdo fue firmado el 2 de octubre de 1989 por el entonces ministro del Exterior, Miguel D’Escoto Brockman, en representación del primer gobierno sandinista.
De acuerdo con las estipulaciones, ese acuerdo estaba ligado al funcionamiento de las oficinas y el reconocimiento de sus privilegios e inmunidades.
El diario El País de España también consultó especialistas en relaciones internacionales para que evaluaran la ocupación de las oficinas de la OEA y explicaron que esta era una nueva movida de Ortega para evitar ser expulsado de la organización internacional.
De acuerdo con los expertos consultados por el rotativo español, Ortega desea evitar el simbolismo de una expulsión de la OEA, razón por la cual tomó la ventaja y se adelantó al proceso que debería durar dos años.
La noche de este domingo 24 de abril, la Secretaría General de la OEA denunció la “ocupación ilegítima” de sus oficinas y calificó esa medida como una violación de las normas internacionales.
Comunicado de la Secretaría General de la OEA
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) April 25, 2022
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El gobierno nicaragüense cerró este domingo 24 de abril la oficina de la OEA en Managua, por lo que adelantó la salida de los representantes de Nicaragua ante ese organismo regional.
Ortega, luego de que la OEA denunciara que en Nicaragua se violaban los derechos humanos y se encarcelaba a los opositores al gobierno, decidió en 2021 retirarse de la organización.
“Hasta tanto, Nicaragua es miembro pleno y debe cumplir con todos sus compromisos”, recordó el organismo en un comunicado divulgado en internet la noche del 24 de abril.
También exigió al gobierno nicaragüense “respeto a las obligaciones que hoy rigen su relación con la OEA”.
Según los protocolos, la salida de la OEA debía ocurrir en un lapso de dos años, para que Nicaragua culminara con los compromisos pendientes.
La Prensa de Nicaragua consultó a Carlos Murillo Zamora, experto en derecho internacional, temas de integración y catedrático de la Universidad de Costa Rica, quien explicó que el régimen orteguista al oficializar la confiscación de la sede y bienes de la OEA sin duda “está violando el acuerdo” firmado por un gobierno sandinista en 1989.
Murillo Zamora recordó que existen al menos tres cláusulas fundamentales que son exclusivamente sobre los “privilegios e inmunidades”.
Añadió que se está violando ese acuerdo y todo el resto de normas de derecho internacional al ocupar y confiscar los bienes de la OEA.
