Las dictaduras contemporáneas rara vez eliminan las elecciones. Prefieren manipularlas para revestir de una apariencia de legitimidad un poder que ya no admite alternancia. Daniel Ortega acaba de cruzar un umbral distinto.
Al anunciar que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” —las próximas estaban previstas para noviembre de 2027—, el dictador no transformó la naturaleza de un régimen que dejó de ser democrático hace años sino que renunció a preservar la ficción electoral, sustituyendo la simulación por la confesión. El régimen ya no considera necesario disimular su carácter dictatorial para convertirse, abiertamente, en la versión centroamericana de Corea del Norte.
Falsa rectificación
La reacción internacional negativa obligó rápidamente a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, a matizar estas declaraciones, precisando que sí habrá elecciones, aunque bajo un nuevo marco constitucional destinado a impedir la participación de quienes el régimen califica como “golpistas”, “traidores a la patria” o receptores de financiamiento extranjero.
Pero la diferencia es puramente semántica. Si las únicas elecciones permitidas son aquellas cuyo resultado está predeterminado por la exclusión sistemática de toda oposición real, lo que emerge es la institucionalización de un régimen de partido único o hegemónico sin posibilidad de alternancia.
Temor más que fortaleza
Paradójicamente, la abolición de la competencia electoral no es una demostración de fortaleza, sino de temor. Aunque controla todos los poderes del Estado y ha desmantelado casi por completo a la oposición organizada, Ortega parece asumir que incluso unas elecciones manipuladas podrían convertirse en un vehículo para expresar el descontento ciudadano.
El régimen ha eliminado a los partidos con capacidad real de competir, clausurado las organizaciones de la sociedad civil, silenciado a los medios independientes y forzado al exilio o al encarcelamiento a la mayoría de los principales dirigentes opositores. El único partido con representación legal, el PLC, actúa como un aliado funcional del sandinismo. Las escasas redes clandestinas de resistencia que subsisten dentro del país operan bajo una vigilancia permanente, sin capacidad de movilización pública.
Como consecuencia, la oposición con mayor capacidad de articulación opera hoy desde el exilio. Sus organizaciones denunciaron de inmediato el anuncio, advirtiendo que la eliminación definitiva de las elecciones institucionaliza un régimen sin posibilidad de alternancia, intensificará la represión, acelerará el exilio y elevará los riesgos para la estabilidad regional.
Proyecto dinástico
Las declaraciones del sátrapa culminan un largo proceso de desmantelamiento institucional. Desde su regreso al poder en 2007, Ortega concentró progresivamente y con absoluta impunidad, el control de la justicia, el Parlamento, el sistema electoral y las fuerzas de seguridad. La brutal represión de las protestas de 2018 —que dejaron un saldo de más de 300 muertos—, seguida del encarcelamiento de candidatos presidenciales, la ilegalización de partidos y ONG, el cierre de medios independientes y el destierro y desnacionalización de opositores, terminó de eliminar cualquier espacio de competencia política. Para la ONU, este patrón constituye una persecución sistemática que podría configurar crímenes de lesa humanidad.
Las reformas constitucionales de 2025 completaron esa deriva: ampliaron el mandato presidencial, institucionalizaron la copresidencia con Rosario Murillo y consolidaron la concentración absoluta del poder. Paralelamente, Murillo ha impulsado purgas internas para asegurar su sucesión ante el deterioro de la salud de Ortega.
Cuarenta y siete años después de la caída de la dinastía Somoza, Nicaragua avanza hacia la consolidación de una nueva dinastía familiar. La comparación con Corea del Norte deja así de ser una hipérbole para convertirse en un marco analítico cada vez más pertinente.
¿Qué hacer?
La verdadera prueba comienza ahora. Si la abolición explícita de las elecciones no provoca una revisión profunda de la estrategia internacional hacia Nicaragua, resulta difícil imaginar qué otro hecho podría justificarla.
Ello exige abandonar la lógica incremental y declarativa que ha predominado durante los últimos años y sustituirla por una estrategia de máxima presión —en la que las democracias latinoamericanas tienen una responsabilidad mayúscula— sustentada en objetivos verificables: la liberación de los presos políticos, la restitución de las libertades públicas, el retorno seguro de los exiliados, la recuperación de los derechos políticos de la oposición y el restablecimiento de las condiciones mínimas para celebrar elecciones libres bajo supervisión internacional.
La OEA, la ONU y varios gobiernos —entre ellos Panamá— ya se han pronunciado. Pero la respuesta internacional ya no puede reducirse a condenas diplomáticas. Marco Rubio ha advertido que Washington “no permanecerá de brazos cruzados”, un pronunciamiento valioso ya que Estados Unidos —principal fuente de remesas, principal socio comercial y con instrumentos de presión económica, diplomática y militar sin equivalente— es el actor con mayor capacidad para alterar el cálculo del régimen. Sin embargo, esa capacidad solo producirá resultados si se articula con una estrategia coordinada junto a las democracias latinoamericanas, Canadá y Europa. La presión debe ser colectiva, no exclusivamente estadounidense. Al mismo tiempo, como acertadamente ha señalado Carlos Ernesto González en este mismo periódico, Centroamérica ya dispone del marco jurídico necesario —el Protocolo de Tegucigalpa y el Tratado Marco de Seguridad Democrática—; lo que falta es voluntad política para actuar en tres frentes: suspender al régimen nicaragüense de todos los órganos del SICA, imponer sanciones patrimoniales a Ortega, Murillo, su entorno familiar y las cúpulas militar y policial, y revisar los beneficios derivados del CAFTA-DR y del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.
Desafío hemisférico
Sería un error interpretar esta crisis únicamente como un asunto interno de Nicaragua.
La declaración de Ortega eleva la crisis nicaragüense a un desafío para la seguridad hemisférica. La convergencia entre un régimen que renuncia abiertamente a cualquier apariencia democrática y la creciente presencia de actores extrarregionales con intereses geopolíticos a menos de mil millas de EUA —China, Rusia e Irán— altera el equilibrio regional y trasciende el ámbito estrictamente interno.
Sin embargo, esta radicalización se produce en un momento en que Nicaragua podría no figurar entre las prioridades inmediatas de Washington. Cuba continúa siendo, de momento, el principal objetivo de la estrategia de máxima presión estadounidense en el hemisferio, mientras Venezuela —convertida de facto en un protectorado— plantea desafíos energéticos, migratorios y geopolíticos de mayor envergadura. El régimen parece apostar precisamente a esa jerarquía de prioridades: mantener una cooperación limitada con Estados Unidos en materia migratoria y antidrogas, evitar convertirse en el principal foco de atención y ganar tiempo mientras se resuelve la crisis con Irán y se celebran las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos. En ese cálculo, Ortega podría incluso reservar un eventual restablecimiento parcial de los comicios como moneda de cambio en futuras negociaciones con Washington y otros actores internacionales, sin renunciar por ello a su objetivo estratégico de garantizar la sucesión de Murillo e institucionalizar una dinastía.
Reflexión final
La provocadora declaración de Ortega entraña riesgos. Su apuesta no se basa únicamente en la fortaleza de su aparato represivo, sino en la creciente incapacidad de las democracias para responder de forma coordinada y efectiva. Confía en que Washington mantendrá otras prioridades; en que Europa evitará una respuesta contundente; en que América Latina volverá a fracturarse entre quienes reclaman actuar y quienes se refugian en la no intervención; y en que las condenas diplomáticas seguirán siendo inocuas.
Si ese cálculo resulta acertado, el precedente irá mucho más allá de Nicaragua. Otros regímenes autoritarios entenderán que no solo es posible manipular elecciones para perpetuarse en el poder, sino incluso prescindir de ellas sin afrontar un costo internacional significativo.
La cuestión, por tanto, ya no reside solo en las intenciones de Ortega. Reside en la capacidad de las democracias para demostrar que todavía están dispuestas a defender con determinación los principios que proclaman. Lo que está en juego no es únicamente el futuro de Nicaragua, sino la credibilidad misma del compromiso democrático en las Américas, en un momento de creciente presión autoritaria a escala global y hemisférica. La inacción también es una decisión. Y, en este caso, sería la más costosa de todas.
El autor es director y editor de Radar LATAM 360
