El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) demandó este lunes la liberación del obispo Rolando Álvarez, un crítico del Gobierno del presidente Daniel Ortega y quien permanece en arresto domiciliario en Managua desde el 19 de agosto pasado, sin que hasta ahora se le hayan formulado cargos.
“Monseñor Rolando Álvarez lleva 46 días secuestrado. Exigimos su inmediata libertad y respeto a su integridad física y psicológica”, abogó el Cenidh en una declaración pública.
Según el Cenidh, un organismo crítico con el Gobierno de Ortega y que fue ilegalizado por las autoridades en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018, el religioso lleva 31 días arrestado “supuestamente en casa de sus padres” y 15 días que permaneció confinado en la curia episcopal de la diócesis de Matagalpa (norte).
Álvarez, de 55 años y obispo de la diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, fue sustraído la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales del palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.
POLICÍA LO ACUSA DE SUBVERSIVO
La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, acusa al alto jerarca de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”, aunque de momento no han ofrecido pruebas.
Hasta ahora ni el Ministerio Público ni la Policía Nacional han presentado públicamente una acusación formal contra Álvarez, quien es el primer obispo arrestado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.
El cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes, dijo el pasado 4 de septiembre a Efe que Álvarez, a quien fue a visitar, “está bien de salud”.
“He estado platicando (hablando) con él (...) De salud me dijo que está muy bien. Lo encontré de mejor ánimo. Y él nos pide que sigamos orando por él y que ojalá pues, el Espíritu Santo nos ilumine para que pronto solucionemos este conflicto”, relató.
Brenes aseguró que Álvarez “está siendo bien cuidado. Su familia va dos veces por día a visitarlo. En la mañana y en la tarde”, y que “su prima, que era la que le cuidaba la casa, limpiaba y le cocinaba los días que estaba en Managua, le sigue cocinando”, indicó.
El arresto del obispo Álvarez y otros siete sacerdotes es el capítulo más reciente de un último año especialmente convulso para la Iglesia católica de Nicaragua con el Gobierno de Ortega, quien ha tildado de “golpistas” y “terroristas” a los jerarcas.
Este año, el Gobierno sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.
También llevó a prisión a siete sacerdotes, cerró nueve estaciones de radio católicas y sacó de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos.
La Policía además ingresó por la fuerza y allanado una parroquia, impidiendo a los feligreses recibir la eucaristía dentro del templo y sitiando a otros sacerdotes en sus iglesias, entre otros.
Las relaciones entre los sandinistas y la Iglesia católica de Nicaragua han estado marcadas por roces y desconfianzas en los últimos 43 años.
La comunidad católica representa un 58.5 % de los 6.6 millones de habitantes de Nicaragua, según el último censo nacional.
