Un total de 15 organizaciones opositoras de Nicaragua demandaron este lunes a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) tomar “acciones contundentes” contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega durante la 52 Asamblea General de la OEA, que se celebrará del 5 al 7 de octubre en Lima.
“Las organizaciones firmantes demandamos que los Estados miembros de la OEA, que se reúnen esta semana en Perú, tomen acciones contundentes en contra de la dictadura Ortega-Murillo”, abogó ese grupo de organismos, entre ellos la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, en una declaración pública.
Entre otros, esos organismos pidieron que se retome la resolución de la OEA del 12 de noviembre de 2021, en la que los Estados declararon que las elecciones del 7 de noviembre del año pasado realizadas en Nicaragua “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”, con el fin de declarar “ilegítimo el actual régimen Ortega-Murillo”.
También pidieron que “reaccionen a la toma ilegal de las oficinas de la OEA en Managua por parte del régimen”, edificio expropiado en abril pasado y que el Gobierno sandinista entregó a una universidad estatal.
“Ya no son suficientes resoluciones o declaraciones de intenciones. Noten que las graves violaciones de los derechos humanos continúan, incluyendo el apresamiento ilegal de más de 200 personas que viven condiciones inhumanas y de tortura en las cárceles del régimen”, advirtieron.
CONDICIONEN PRÉSTAMOS INTERNACIONALES
Asimismo, conminaron a los organismos financieros internacionales a que condicionen toda financiación a Nicaragua “al respeto de los derechos humanos por parte del régimen Ortega Murillo”.
Además, solicitaron a la OEA que proponga un mecanismo de seguimiento para atender el “desplazamiento forzoso que afecta a cerca del 10 % de la población nicaragüense”, calculada en 6,6 millones de habitantes, “que huye de la represión y la ruina económica”.
Otras peticiones es la de establecer un mecanismo especial de alto nivel sobre Nicaragua que dé seguimiento permanente al cumplimiento de las resoluciones de la OEA, y considerar la aplicación del Artículo 19 y 21 de la Carta Democrática.
Nicaragua anunció el 24 de abril pasado su decisión de retirar las credenciales de sus representantes ante la OEA, así como el cierre de las oficinas de ese organismo en Managua.
Esa decisión vino tres días después de que el Consejo Permanente de la OEA, con la ausencia de Nicaragua, aprobara suspender a Rusia, su aliado, como observador permanente, en castigo por la invasión a Ucrania y en una apuesta por aislar aún más a Moscú en el plano internacional.
Ese día Nicaragua ratificó su “invariable decisión” de abandonar la OEA, una medida adoptada desde el 19 de noviembre de 2021 y que tardará dos años en ser efectiva, es decir hasta noviembre de 2023.
Esa medida fue adoptada después de que los países integrantes de la OEA aprobaran en la Asamblea General celebrada en noviembre del año pasado una resolución de condena a Nicaragua por las elecciones ese mismo mes en las que se impuso Ortega y que consideraron que “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.
Ortega, un exguerrillero próximo a cumplir 77 años y que retornó al poder en 2007, fue reelegido para su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo, junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, en esos comicios de noviembre, que no lograron el reconocimiento de buena parte de la comunidad internacional.
