La situación de los derechos humanos en Nicaragua ha continuado erosionándose en los primeros meses de 2023, destacó la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pidió al Gobierno de Daniel Ortega el fin de prácticas como el despojo de la nacionalidad nicaragüense a los disidentes.
En un informe actualizado de la situación de Nicaragua desde diciembre, presentado por la secretaria general adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris, se denuncia esa medida arbitraria, aplicada a más de 300 personas desde que se aprobara a principios de febrero.
”La oficina ha recibido información de que sus partidas de nacimiento están siendo eliminadas del registro civil de Nicaragua”, denunció Brands, quien señaló que al menos 37 personas siguen privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de la crisis sociopolítica que vive el país.
Entre esos detenidos Brands destacó el caso el obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión por haber sido declarado culpable de traición y negarse a su deportación.
Esa sentencia fue dictada “sin juicio previo”, aseguró Brands, quien pidió la liberación incondicional de Álvarez y de los otros 36 detenidos de forma arbitraria.
En enero y febrero, añadió, se dictaron sentencias de hasta 10 años de prisión contra 30 personas que se atrevieron a criticar al Gobierno, entre ellos activistas, periodistas y sacerdotes en juicios sin el proceso debido, a menudo en audiencias a puerta cerrada y a las que se negó el acceso de los acusados y sus abogados.
A muchos de ellos no se les permitió tener conocimiento previo de los cargos por los que eran juzgados, lo que dificultó sus posibilidades de recurrir la sentencia, denunció Brands.
Se trata de “medidas arbitrarias y desproporcionadas, algunas con carácter retroactivo, que violan los compromisos internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos y tienen el fin de amedrentar”, aseguró la responsable de Naciones Unidas.
Brands también recordó la persecución sistemática de las autoridades nicaragüenses a organizaciones de la sociedad civil, con más de 3 mil 200 de ellas despojadas de personalidad jurídica desde 2018 y sus instalaciones confiscadas.
Otra señal del deterioro de las libertades fundamentales, denunció, es la restricción de muchos derechos a personas que no poseen la cédula de militante del partido gobernante, lo que les priva de acceder a puestos públicos, a la educación superior y en casos extremos a la atención médica.
”En un caso, se negó a una persona una cirugía mientras no se registrara en el partido”, aseveró Brands ante el Consejo de Derechos Humanos, donde también denunció continuas violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas en Nicaragua.
