La nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció el viernes 8 de mayo durante su discurso de investidura que impulsará una reforma “profunda” del Estado para construir una nueva Costa Rica y que aplicará “mano dura” contra el crimen organizado.
“La reforma que necesitamos es profunda y la vamos a impulsar sin miedo, sin vacilaciones, con resolución”, manifestó Fernández, una politóloga de derecha que gobernará una de las democracias más sólidas de América Latina en el periodo 2026-2030.
La nueva presidenta costarricense afirmó ser la “heredera” de una nueva forma de hacer política en el país que empezó “hace cuatro años” con el presidente saliente y su mentor Rodrigo Chaves, enfocada en resultados y que tiene como objetivo construir una “tercera república” en la que los demás poderes del Estado “rindan cuentas” a la población.
“Estamos a las puertas de construir una tercera república, una nueva Costa Rica que no le tiene miedo al cambio; una tercera república que moderniza sus instituciones sin obstruir lo que funciona, que fortalece la democracia haciéndola más ágil, transparente y efectiva”, declaró.
En Costa Rica se conoce como “segunda república” al país que surgió después de la guerra civil de 1948 y de la redacción de la Constitución Política de 1949, que es la vigente en la actualidad.
La presidenta afirmó que Costa Rica “no puede aceptar que el narcotráfico encuentre grietas en el sistema” y aseveró que su Gobierno inaugurará una “megacárcel” para 5,000 presos inspirada en el modelo salvadoreño de Nayib Bukele, y que además establecerá un Centro de Control y Comando (C5) de seguridad para combatir el crimen organizado.
“A las madres que han perdido a sus hijos les digo que su dolor no me es ajeno. Aplicaré una respuesta de mano dura que es lo que ustedes esperan y merecen de mí como su presidente. No me temblará el pulso para enfrentar al crimen organizado”, expresó Fernández.
La mandataria advirtió que esos esfuerzos “no servirán de nada si los jueces siguen soltando a los delincuentes peligrosos y si las leyes también los protegen con la cultura del ‘pobrecito’”.
Fernández afirmó que respetará los derechos humanos y la división de poderes del país, y que la lucha contra el crimen organizado corresponde a un trabajo conjunto.
La presidenta, ferviente católica quien se describe como liberal en lo económico y conservadora en lo social, dijo que su primera decisión como gobernante es “encomendar este nuevo Gobierno a Dios”.
“Le pido a Dios con humildad, sabiduría para decidir, firmeza para actuar y un corazón justo para servir. Anhelo con fervor que su voluntad me guíe a cada paso, porque hoy no asumo un cargo, asumo un deber, un pacto conmigo misma, un compromiso claro e inclaudicable con Dios y Costa Rica”, manifestó.
La mandataria prometió impulsar proyectos de ley para avalar las jornadas laborales de 4 días de 12 horas a la semana; la construcción de una Ciudad Gobierno para aglutinar edificios gubernamentales, proyectos de carreteras estratégicas, un tren eléctrico de pasajeros y una marina en el Caribe.
En la ceremonia de investidura estuvieron presentes representantes de 71 delegaciones internacionales y contó con actos culturales y oraciones de líderes evangélicos y católicos del país.
Elimina beneficios carcelarios
Fernández, emitió por decreto un nuevo reglamento que elimina “beneficios carcelarios” que rebajan el tiempo en prisión de los privados de libertad, en uno de los primeros actos de Gobierno alineados con su promesa de tener mano dura contra el crimen.
“Con esto no va a quedar duda de que el año carcelario es de 360 días naturales, ya no más alcahuetería de que (el año de) la cárcel es de ocho meses”, expresó durante una breve sesión del Consejo de Gobierno posterior a la ceremonia de investidura.
Con este nuevo reglamento “los jueces no tendrán espacio para interpretar en menos días al año la condena para quienes nos quitan la paz y no roban la seguridad”, dijo la jefa de Estado.
“Se los advertí, no queremos en Costa Rica al crimen organizado ni al narcotráfico. Por eso, a partir de este momento, el año carcelario será de 360 días naturales”, afirmó Fernández.
El nuevo Gobierno de Fernández, que asumió el cargo el viernes 8 de mayo para el período 2026-2030, aún no ha hecho público el texto del decreto.
Fernández envió a la Asamblea Legislativa un paquete de proyectos de ley para la construcción de una Ciudad Gobierno que aglutine edificios gubernamentales; otro para la edificación de una marina y terminal de cruceros en la provincia de Limón (Caribe), y otra iniciativa para la exploración y explotación de la minería a cielo abierto en Crucitas (zona norte).
Durante su administración, la mandataria contará con 31 diputados oficialistas de un total de 57 que conforman el Congreso, lo que le permite tener una mayoría simple, superior a los 29 votos requeridos para aprobar los proyectos convocados.
Para proyectos de reformas del Estado o constitucionales, la mandataria necesitará negociar con la oposición para alcanzar el apoyo de dos terceras partes del Legislativo, es decir, 38 votos.
Fernández también juramentó al nuevo gabinete encabezado por el presidente saliente, Rodrigo Chaves, quien ejercerá como ministro de la Presidencia y de Hacienda, dos de las carteras más estratégicas del Ejecutivo, y lo que la oposición ha calificado como un intento de concentrar el poder.
En la ceremonia de investidura estuvieron presentes representantes de 71 delegaciones internacionales y contó con actos culturales y oraciones de líderes evangélicos y católicos del país.
