Al menos 22 periodistas nicaragüenses, críticos con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, han sido declarados “traidores a la patria” y despojados de su nacionalidad, denunció este jueves el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
“Entre el grupo de (317) personas despojadas de su nacionalidad y de todos sus bienes totalizan más de 20 periodistas y personas dedicadas a la comunicación y dirección de medios de comunicación independientes”, indicó el PCIN en un pronunciamiento, en el que rechazó “la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.
Entre los periodistas afectados el miércoles figuran Carlos Fernando Chamorro, galardonado en los 38º Premios de Periodismo Ortega y Gasset y director de Confidencial y Esta Semana; Wilfredo Miranda, colaborador en Nicaragua del diario español El País y ganador del Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España 2018.
También los directores de medios digitales Lucía Pineda (100% Noticias), Luis Galeano (Café con Voz), Jennifer Ortiz (Nicaragua Investiga), Patricia Orozco (Onda Local), Manuel Díaz (Bacanal Nica), Álvaro Navarro (Artículo 66), David Quintana (Boletín Ecológico), Aníbal Toruño (Radio Darío), Santiago Aburto (BTN Noticias) y Jimmy Guevara (Criterios).
Asimismo, los comunicadores Sofía Montenegro, Silvia Nadide Gutiérrez y Camilo de Castro Belli, hijo de la poetisa Gioconda Belli, a quien también le retiraron su nacionalidad.
“Previamente el régimen había aplicado la medida de despojo de la nacionalidad nicaragüense a los colegas excarcelados políticos: Miguel Mendoza, Miguel Mora, Manuel Antonio Obando, Wilberto Artola, Sergio Cárdenas, Cristiana Chamorro y Juan Lorenzo Holmann”, este último gerente general del diario La Prensa, precisó PCIN.
“Desde esta organización expresamos nuestra solidaridad para cada una de las víctimas de esta nueva acción arbitraria y alejada de toda legalidad, normas y convenios internacionales”, indicó esa organización, que observó que el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que a nadie “se le privará arbitrariamente de su nacionalidad”.
