El Gobierno mexicano informó este miércoles del hallazgo de los primeros restos humanos tras el colapso en 2006 de la mina Pasta de Conchos, en el norteño estado de Coahuila, tras casi dos décadas del accidente en el que 65 trabajadores que fallecieron.
En un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) expuso que el hallazgo ocurrió después de cuatro años de trabajos de rescate, ordenados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras los que llegaron a un punto donde las bitácoras señalaban la zona en la 13 de los mineros trabajaban el día del accidente.
Señaló que, además de los restos humanos no detallados, localizaron también diversos objetos de trabajo.
Asimismo, la nota informativa indicó que no identificaron que en ese punto de la mina, donde aparecieron los restos, haya tenido lugar una explosión “como en su momento lo señalaron las autoridades correspondientes”.
Y aseveró que, por el momento, se desconocen las condiciones de las galerías ubicadas en distintos puntos de la mina.
Del mismo modo, puntualizó que, a partir de ahora, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), comenzarán con los protocolos para identificar los restos, “así como con los peritajes que permitan determinar las causas del accidente”.
El rescate de los cuerpos de los mineros que quedaron atrapados el 19 de febrero de 2006 fue una de las promesas del Gobierno de López Obrador, quien dejará el cargo el 1 de octubre.
Para ello, el mandatario conformó en 2019 un grupo de expertos de México, Alemania, China, Estados Unidos y Australia, que determinaron por unanimidad la viabilidad del rescate.
Pero en julio de 2020 se anunció que el rescate quedaría en manos de la CFE, medida con la que las familias nunca estuvieron de acuerdo dada la nula experiencia de esta empresa pública en rescates ni en minas de carbón.
El 19 de febrero de 2006, 65 trabajadores murieron en el accidente en la mina Pasta de Conchos y solo dos cuerpos fueron recuperados, el resto se quedó sepultado por considerar que su rescate era de alto riesgo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció en 2018 la evaluación de responsabilidad de las autoridades mexicanas en la muerte de los 65 mineros, ocho años después de que los familiares llevaron el caso.