Más de un centenar de nicaragüenses críticos al gobierno del presidente Daniel Ortega están detenidos “por motivos políticos” sin un debido proceso en el contexto de la crisis política de hace tres años en el país, denunció este viernes una oenegé.
Hasta el viernes, había 115 personas detenidas en relación con la crisis política que vive Nicaragua a raíz de las protestas masivas de abril de 2018, expuso el llamado Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una iniciativa que coordina a familiares de reos, abogados y organismos de derechos humanos.
“El 61% de los reos fueron detenidos entre el 2020 y el corriente año; el restante 39% fueron capturadas durante 2018 y 2019, es decir, un amplio grupo de personas llevan entre dos y casi tres años en prisión”, refirió el organismo.
Otras 12 personas fueron detenidas en el último mes pero fueron liberadas en el transcurso de 24 horas, según una modalidad empleada por las autoridades contra opositores, señala la entidad.
Las causas penales que “con mayor frecuencia” les son imputadas a los detenidos son delitos comunes como robo con violencia o intimidación, tentativa de homicidio, posesión y tráfico de drogas y uso de armas restringidas, añade el reporte.
El informe es coincidente con un comunicado emitido el jueves en Washington por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre “la situación de los presos políticos” en Nicaragua, en la que instó a Managua a “su liberación inmediata”.
El organismo puntualizó que los detenidos “han sido presentados como presos comunes, sin juicios justos, violentando sus libertades fundamentales. Están encarcelados junto a delincuentes comunes, sufren agresiones, amenazas y ataque sistemático a su integridad física, malos tratos y torturas reiteradas por sus carceleros”.
La OEA también llamó a que cese “el hostigamiento y persecución” de opositores en el país para asegurar “un proceso de elecciones libres, justas y transparentes”.
Nicaragua celebrara elecciones presidencial y legislativa en noviembre.
Las manifestaciones masivas en 2018, que demandaban la renuncia de Ortega, fueron reprimidas con fuerza y dejaron un saldo de 328 muertos y miles de exiliados, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
