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La SIP pide ‘cerrar filas’ en defensa de seis periodistas presos en Nicaragua

La SIP pide ‘cerrar filas’ en defensa de seis periodistas presos en Nicaragua
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, el hondureño Jorge Canahuati, en una fotografía de archivo. EFE/ Chema Moya

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió este miércoles 13 de julio sobre el deterioro del estado de salud de seis periodistas condenados en Nicaragua hasta 13 años en prisión y reclamó su “liberación inmediata” al Gobierno de Daniel Ortega, al que responsabilizó de lo que les pueda suceder.

Son presos de conciencia, sentenciados en juicios sumarios, sin debido proceso y por delitos inexistentes, dijo la SIP en un comunicado en el que pide a la comunidad internacional que “cierre filas” en defensa de Miguel Mora, Miguel Mendoza, Jaime Arellano, Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, responsabilizaron al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo por el deterioro de la salud de los periodistas.

“Los hacemos responsables ante la comunidad internacional por lo que les pudiera suceder, tanto a ellos como al resto de los presos políticos”, subrayaron en el comunicado.

Canahuati y Jornet exhortaron a las asociaciones de prensa, organismos multilaterales y a un grupo de embajadores latinoamericanos ante la OEA, denominado Amigos de la Libertad de Expresión y el Periodismo, “a mantener en la agenda pública el caso de Nicaragua para demostrar solidaridad con los periodistas nicaragüenses y sus familiares, y demandar su liberación”.

Con el mismo fin la asociación de medios de prensa del continente con sede en Miami les pide a sus socios que publiquen en las redes los perfiles que ha elaborado sobre los seis periodistas nicaragüenses.

La reseña de Miguel Mora, de 56 años, dice que fue sentenciado a 13 años de cárcel por menoscabo de la integridad nacional y está preso en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), donde se han denunciado torturas, abusos, trato denigrante y otras violaciones a los derechos humanos.



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