La junta de Malí ha rechazado este viernes las acusaciones de la misión de la ONU en el país (MINUSMA) que afirmaban que sus Fuerzas Armadas habrían masacrado a 50 civiles.
“Las acusaciones son muy a menudo tendenciosas, no verificadas, basadas en testimonios no contrastados, sin ninguna prueba tangible y a menudo hechas bajo amenaza de grupos terroristas”, ha afirmado el ministerio de Exteriores en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.
En este sentido, Malí ha indicado que el documento de Naciones Unidas “carece de objetividad, crédito y equidistancia”.
“La nota trimestral afirma relacionarse solo con el período del 1 de abril al 30 de junio de 2022; pero, sin embargo, se desborda sobre hechos anteriores al período en examen”, han criticado las autoridades de Malí.
“En referencia a los distintos comunicados oficiales del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y del Gobierno, todas las operaciones de las Fuerzas Armadas de Malí (FAMa) se realizan con estricto respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, ha asegurado la cartera ministerial.
La ONU denunció el miércoles la muerte de 50 civiles en una operación de fuerzas malienses y personal “extranjero”, según una investigación de la MINUSMA sobre la escalada de violencia en el país africano.
El incidente en cuestión tuvo lugar el 19 de abril en la localidad de Hombori, situada en la región de Douentza. Los militares malienses respondieron a un ataque contra uno de sus convoyes con una operación aparentemente indiscriminada que dejó decenas de muertos, entre ellos un niño, y más de 500 detenidos.
La MINUSMA no da detalles sobre el “personal militar extranjero” al que hace referencia en su informe, pero en los últimos meses Occidente ha visto con preocupación la creciente presencia en Malí del Grupo Wagner, una empresa de mercenarios afín al Kremlin.
Las Fuerzas Armadas malienses serían responsables de al menos 200 muertos civiles durante el periodo analizado --entre el 1 de abril y el 30 de junio--.
En total, perdieron la vida 317 personas ajenas al conflicto, a las que se sumarían otros 73 casos de secuestros o desapariciones.
