El Gobierno boliviano firmó este domingo un convenio con las víctimas de las dictaduras militares entre 1964 y 1982 para el resarcimiento por los daños y los beneficiaros retiraron unas simbólicas carpas que estuvieron al frente del Ministerio de Justicia por más de 10 años.
En un acto en la Casa Grande del Pueblo, el ministro de Justicia, Iván Lima, en representación del Ejecutivo boliviano, firmó el convenio nacional con los representantes de las víctimas para su resarcimiento, a propósito de los 51 años de la dictadura de Hugo Bánzer Suárez (1971-1978).
“Un problema de muchos años está siendo resuelto por la voluntad del Gobierno”, manifestó Lima.
El ministro explicó que con este convenio se cumple con las recomendaciones que tienen que ver con la reparación integral.
En la firma estuvieron presentes el presidente de Bolivia, Luis Arce, los representantes de las víctimas de las dictaduras, Lima, entre otros.
El ministro también anunció que se presentará un proyecto de ley en favor de las víctimas de las dictaduras y que tendrán un ambiente conmemorativo por la recuperación de la democracia en el lugar donde se encuentran las carpas que armaron hace más de 10 años frente al Ministerio de Justicia exigiendo su resarcimiento.
Por su parte, Arce sostuvo que este acuerdo nacional es también en homenaje a todos quienes han caído o que han tenido que huir del país, fueron exiliados, torturados por la defensa de la democracia.
Arce criticó que a pesar de haber una ley de 2004 sobre el resarcimiento a las víctimas no haya avanzando nada hasta ese momento y la calificó de un “engaño”.
Por su parte, la representante de las víctimas de las dictaduras, Victoria López, resaltó este hecho “histórico” y la “voluntad” del Gobierno de Arce para el resarcimiento de los daños.
“Luego de más de 10 años nuestras palabras por fin han sido escuchadas por las autoridades”, sostuvo López.
La representante confirmó que con el acuerdo se levantarán las carpas que instalaron hace más de una década en la céntrica avenida de El Prado en La Paz, frente al Ministerio de Justicia, donde realizaban una vigilia.
López, visiblemente afectada, comentó que esas carpas han sido el “hogar” y la “trinchera de lucha por 10 años” y que simultáneamente a la firma del acuerdo se procedió a retirar del lugar.
Se cree que durante el periodo 1964-1982 las dictaduras militares dejaron 1.392 personas asesinadas, 486 desaparecidos y 2.469 exiliados, según datos elevados por el jesuita español Federico Aguiló y que son cifras de referencia para la investigación.
La Comisión de la Verdad, que se encargó de investigar los hechos suscitados en las dictaduras militares, recibió alrededor de 6.117 expedientes con declaraciones de víctimas y el año pasado el presidente Luis Arce recibió el informe final de su indagación.
