Un general retirado del ejército de Colombia se inculpó este miércoles como máximo responsable del asesinato de más de 100 civiles a manos de militares a su mando que presentaron a las víctimas como guerrilleros caídos en combate.
Pese a haber actuado “por omisión, asumo esta responsabilidad jurídica (...) en procura de que el pueblo colombiano nunca jamás, ¡nunca jamás!, vuelva a vivir estos abominables momentos”, dijo el general Paulino Coronado al término de una histórica audiencia ante un tribunal de paz y víctimas de la ciudad de Ocaña, fronteriza con Venezuela.
Coronado, de 65 años y retirado desde 2008, es el oficial de más alto rango del grupo de 10 uniformados que desde el martes cuentan la verdad y piden perdón por las ejecuciones de civiles en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Desde 2006 hasta su jubilación comandó a 10 cuerpos militares de la Brigada 30 del ejército, que opera en el departamento de Norte de Santander, donde se encuentra Ocaña.
Según las conclusiones de la JEP, el tribunal nacido del acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla FARC, los soldados del Batallón de Infantería XV de Ocaña asesinaron a decenas de civiles para presentarlos como rebeldes abatidos en enfrentamientos, en un escándalo conocido como “falsos positivos”.
Coronado negó frente a los magistrados de la JEP haber ordenado los asesinatos, pero aceptó “no haber actuado diligentemente” en la vigilancia de sus hombres.
El descuido no lo exime de la responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que la JEP le imputó en 2021, explicó el general a la AFP horas antes de pasar al estrado.
“¿Cómo puede decir que su responsabilidad es (por) omisión si usted le dio la orden a sus soldados (...) y todo el ejército estaba enterado de lo que estaban haciendo?”, cuestionó en una intervención previa Zoraida Muñoz.
Madre de Jonny Soto, un joven de 22 años que soñaba con ser militar antes de que lo secuestraran para “vendérselo al ejército”, Muñoz habló en nombre de las 120 víctimas que según la JEP fueron asesinadas en esta región cocalera entre 2007 y 2008.
Coronado tuvo responsabilidad “a través del incumplimiento de sus deberes de garante ante el surgimiento y desarrollo del fenómeno criminal”, expuso la magistrada Catalina Díaz.
Según cálculos del tribunal, que contempla penas alternativas a la prisión para quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas, al menos 6,402 civiles fueron asesinados bajo esa práctica en Colombia.
Los magistrados fijarán en un plazo de tres meses las penas para los exmilitares, luego de analizar sus testimonios y contrastarlos con los comentarios de las víctimas.
