La fiscalía solicitó este jueves prisión preventiva para la presidenta del parlamento catalán, la independentista Carme Forcadell, y otros tres parlamentarios que declararon en el Tribunal Supremo de Madrid investigados por sedición y rebelión.
Tras el interrogatorio, la fiscalía pidió como medida cautelar la prisión incondicional para cuatro de los parlamentarios independentistas, prisión eludible con fianza para otra y la puesta en libertad de otro diputado.
El juez del Tribunal Supremo encargado del caso debe decidir ahora si toma o no las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía.
La fiscalía se querelló contra ellos como integrantes del órgano rector del parlamento catalán después de que permitieran la votación de una declaración de independencia de la región el pasado 27 de octubre.
Los acusa de delitos de rebelión, sedición y malversación alegando que urdieron "una estrategia concertada a declarar la independencia" en colaboración con el gobierno regional de Carles Puigdemont, destituido a finales de octubre por el ejecutivo español, y las asociaciones independentistas.
En su declaración, Forcadell sostuvo que como presidenta del parlamento no tiene "libertad para impedir votaciones" y que no se puede censurar previamente el debate parlamentario, relató un portavoz suyo.
En líneas generales, la defensa intentó restar importancia a la declaración de independencia, señalando que no tuvo "efectos jurídicos", informaron fuentes presentes en el interrogatorio.
Ocho miembros del antiguo gobierno regional ya se encuentran encarcelados preventivamente por delitos de rebelión, sedición y malversación, así como los presidentes de dos asociaciones independentistas que organizaron grandes manifestaciones.
Puigdemont y otros cuatro miembros de su gabinete evitaron por ahora la cárcel al viajar hace diez días a Bruselas, donde están pendientes de la decisión de la justicia belga sobre la orden de extradición emitida desde España.
La encarcelación de los diez líderes independentistas, considerados por sus militantes como "presos políticos", generó fuertes manifestaciones en Cataluña.
El presidente catalán cesado, Carles Puigdemont, evitó ir a la cárcel al viajar a Bélgica hace diez días junto a cuatro de sus ministros, y ahora están pendientes de la decisión de la justicia belga de extraditarlos a España.
El objetivo de este viaje era desplazar la crisis catalana al corazón de Europa, que sigue dándole la espalda, como dejó claro este jueves el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker en la Universidad de Salamanca.
