La Fiscalía colombiana anunció este sábado 1 de mayo investigar seis homicidios ocurridos en cuatro días de protestas antigubernamentales y disturbios en el país, que llevaron a la militarización de la ciudad de Cali (suroeste).
Aunque la entidad “ha conocido nueve homicidios” durante ese tiempo, solo está verificando “si seis de ellos tienen o no que ver con la conflictividad social que se está presentando en la región”, indicó el servicio de prensa en un chat de periodistas.
De momento ninguna entidad ha entregado un balance oficial de civiles muertos y heridos durante las protestas masivas, a pesar de la multiplicación de denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública.
Desde el miércoles, decenas de miles de manifestantes convocados por el Comité Nacional de Paro mantienen constantes marchas y concentraciones para exigir el retiro de una reforma tributaria defendida por el gobierno que, aseguran, castiga a la clase media.
Aunque la mayoría de las protestas son pacíficas, a la par se registran fuertes disturbios en el centro y el suroeste del país.
En respuesta, el gobierno envió cerca de 3.000 policías y militares a la ciudad de Cali, epicentro de los desmanes. De los seis homicidios investigados por la Fiscalía, cinco ocurrieron en esa localidad, capital del departamento del Valle del Cauca, con 2,2 millones de habitantes.
Ante el silencio oficial, organizaciones de derechos humanos y congresistas de la oposición han denunciado en redes sociales y comunicados que los homicidios podrían ascender a 14 y se dieron en medio de abusos de la fuerza pública.
En un pedido de “acción urgente” radicado en el Congreso, 19 parlamentarios informaron que cuatro de las víctimas mortales podrían haberse dado por “el accionar de la policía” e indicaron tener información sobre 105 personas heridas en las manifestaciones.
De momento el ministerio de Defensa únicamente ha reconocido un civil muerto, sin dar más detalles, y ha presentado un balance de 209 policías heridos, un uniformado fallecido y 185 arrestos realizados en los últimos días.
Ni la Defensoría del Pueblo (Ombudsman), ni la Procuraduría, encargada de vigilar el ejercicio de los funcionarios públicos, se han pronunciado al respecto.
Bajo presión, el presidente Iván Duque anunció el viernes que reformularía con el Congreso su propuesta de reforma tributaria, retirando los elementos más polémicos del proyecto, como el aumento del impuesto al IVA para servicios y bienes, así como la ampliación de la base de contribuyentes con impuesto de renta.
