La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este lunes que el expresidente filipino Rodrigo Duterte es “penalmente responsable” de tres cargos de asesinato e intento de asesinato en relación con su política antidrogas.
En el inicio de la audiencia de confirmación de cargos, el fiscal también consideró que ejerció un control efectivo sobre los autores, ofreció incentivos económicos y garantizó protección a quienes participaron en las operaciones antinarcóticos.
El fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang aseguró que existen “motivos fundados” para creer que el expresidente filipino Rodrigo Duterte estuvo “en el corazón de un plan común” antidrogas para “neutralizar” delincuentes mediante asesinatos y formó parte de un “ataque generalizado y sistemático” contra la población civil en Filipinas.
“Como alcalde de Davao y luego como presidente de Filipinas, el señor Duterte tenía la máxima influencia y autoridad sobre los perpetradores físicos de los crímenes”, agregó el fiscal, en referencia a la policía local, la nacional y las fuerzas armadas.
Ante la Sala de Cuestiones Preliminares I, Niang afirmó que el caso se sustenta en pruebas que sitúan a Duterte “en el corazón de un plan común” para eliminar a presuntos delincuentes en Filipinas, incluidos supuestos consumidores y traficantes de drogas, mediante asesinatos.
Según la acusación, los crímenes se habrían cometido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, primero en la ciudad de Davao, cuando Duterte era alcalde, y después en todo el país tras asumir la presidencia el 30 de junio de 2016.
La Fiscalía sostiene que Duterte, de 80 años, creó y supervisó el llamado “escuadrón de la muerte de Davao” (DDS, por sus siglas en inglés), cuyos miembros habrían recibido instrucciones para matar a presuntos delincuentes.
Después, ya como presidente, amplió esta política a nivel nacional a través de la campaña contra el narcotráfico conocida como “Double Barrel” (Doble Cañón), en el marco de su llamada “guerra contra las drogas”.
“Como creador y jefe del DDS, también tenía control de facto sobre los miembros del escuadrón de la muerte”, agregó.
El fiscal adjunto señaló que las víctimas incluidas en los cargos −78 en total entre asesinatos consumados y tentativas− representan “solo una fracción” de la violencia atribuida a esa campaña que, según la acusación, formó parte de un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil” que dejó miles de muertos.
La Fiscalía argumenta que Duterte realizó “contribuciones esenciales” a los crímenes, entre ellas, autorizar y promover públicamente los asesinatos, proporcionar recursos logísticos y protección a los ejecutores, ofrecer incentivos económicos y garantizarles impunidad. Muchos recibían un salario regular y pagos “por cabeza”, es decir, dinero por cada persona asesinada.
Niang citó declaraciones públicas en las que Duterte prometía “ordenar al ejército y a la policía cazar a los grandes capos de la droga” si llegaba a la presidencia, y llegó a identificar públicamente a supuestos objetivos, incluso mostrando listas con nombres de personas señaladas por presuntos vínculos con drogas.
En esta fase del proceso, la CPI no debe pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, sino determinar si existen pruebas suficientes para enviar el caso a juicio, aunque el fiscal subrayó que esta audiencia es “un recordatorio de que quienes están en el poder no están por encima de la ley”.
Duterte no estuvo presente en la sala, tras renunciar a su derecho a asistir a la audiencia alegando edad avanzada y falta de jurisdicción del tribunal, y su defensa estuvo representada por sus abogados, encabezados por el letrado israelí Nicholas Kaufman.
La audiencia de confirmación de cargos continuará hasta el viernes, tras lo cual los jueces dispondrán de 90 días para decidir si el caso pasa a juicio.