Casi una treintena de expresidentes de Iberoamérica denunciaron este sábado que en Guatemala está en marcha “una alteración del orden constitucional que afecta gravemente al orden democrático” dada la “persecución y judicialización del presidente y la vicepresidente electos” del país, Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera, a quienes expresaron su respaldo.
Esa persecución hacia el binomio electo tiene el “reiterado y evidente propósito de inhabilitar la manifestación soberana de los guatemaltecos ya expresada en elecciones libres”, dijeron los ex jefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA).
”Alertamos al respecto a los gobiernos democráticos de la región y al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, obligada a actuar según los términos de la Carta Democrática Interamericana”, señalaron en una misiva.
28 ex jefes de Estado del Grupo IDEA denuncian persecución judicial del presidente y vicepresidenta electos de #Guatemala. pic.twitter.com/aE3juPqQgK
— Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) November 18, 2023
Citando la Carta Democrática Interamericana, los exgobernantes señalaron que en Guatemala “se encuentra en evidente marcha ‘una alteración del orden constitucional que afecta gravemente al orden democrático’, por lo que renovamos nuestro respaldo a Bernardo Arévalo de León y a Karin Larisa Herrera A., mandatarios electos”.
La Fiscalía de Guatemala informó el pasado jueves que solicitará el retiro de la inmunidad de Arévalo de León y de Herrera, a quienes señala por usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita por participar en 2022 en la toma a la fuerza del campus de la estatal universidad de San Carlos en rechazo a las elecciones celebradas ese año en la casa de estudios.
La Fiscalía, que lidera Consuelo Porras, es acusada de perseguir a Arévalo de León y su partido Movimiento Semilla desde el 12 de julio pasado, después de que sorpresivamente el ahora gobernante electo guatemalteco obtuviera el segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones generales del 25 de junio.
Desde entonces, el Ministerio Público ha allanado el Tribunal Supremo Electoral, ha decomisado cajas con votos y también ha buscado procesar a los magistrados de la entidad por un supuesto caso de fraude electoral.
”Al Poder Judicial guatemalteco y a los demás poderes del Estado les hacemos presente que el acceso al poder y su ejercicio conforme al Estado democrático y constitucional de Derecho es un elemento esencial de la democracia y una garantía que no puede ser burlada a través de actos de fraude y manipulaciones de la ley”, dijeron este sábado los expresidentes en su carta abierta.