El expresidente Carlos Mesa y principal líder de la oposición demandó este domingo la anulación de la condena contra la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, tras los vicios procesales denunciados por Naciones Unidas y la Unión Europea.
“La ONU y la UE, testigos y facilitadores de la transición democrática de 2019, coinciden en denunciar violación de DDHH de Añez en el juicio espurio, e inexistencia de una justicia proba e independiente. Arce y Lima decidieron este juicio ilegal; por esas razones debe ser anulado”, escribió Mesa (2003-2005) en un mensaje de Twitter.
Áñez, una exsenadora derechista, fue sentenciada a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
Asumió el mando de manera interina en 2019 tras la renuncia del expresidente izquierdista, Evo Morales (2006-2019), en medio de protestas.
Sobre la exmandataria pesan otros juicios pendientes por supuesta sedición, terrorismo y alzamiento armado, así como por genocidio.
La ONU y la UE, testigos y facilitadores de la transición democrática de 2019, coinciden en denunciar violación de DDHH de Añez en el juicio espurio, e inexistencia de una justicia proba e independiente. Arce y Lima decidieron este juicio ilegal; por esas razones debe ser anulado
— Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) June 19, 2022
Mesa aludió a los pronunciamientos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Ocnudh) y de la Unión Europea referidos a la existencia de vicios procesales que empañaron el juicio contra la exmandataria.
La Ocnudh indicó que los procedimientos no respetaron el derecho al debido proceso de Áñez y que la tipificación penal del delito de “incumplimiento de deberes” era “excesivamente amplia y ambigua”.
También cuestionó el uso excesivo de la detención preventiva y dijo que la participación de numerosos acusadores de parte del Estado afectó el equilibrio procesal.
“Estos hallazgos son sintomáticos de las deficiencias estructurales del sistema de justicia boliviano”, señaló el comunicado de la Ocnudh, respaldado por la Unión Europea y el Gobierno de los Estados Unidos.
Días atrás, el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, aseveró que “las señales de posible intervención del poder político en este proceso judicial preocupan a la comunidad internacional”.
