El Congreso de Estados Unidos aprobó una ley anticorrupción que apunta a los funcionarios extranjeros corruptos y sus asociados que exigen sobornos a empresas estadounidenses.
La norma, que forma parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, fue aprobada el 14 de diciembre de 2023. El presidente Joe Biden la firmó el 22 de diciembre.
Según funcionarios estadounidenses, la ley impone “responsabilidad a los funcionarios de gobiernos extranjeros que soliciten o acepten sobornos de empresas o individuos estadounidenses, o de cualquier persona, mientras se encuentre en Estados Unidos”.
Su objetivo es llenar un vacío en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), aplicable a ciudadanos o empresas estadounidenses involucrados en prácticas corruptas. Pero la FCPA no permite perseguir a sus contrapartes en los gobiernos extranjeros. La recién sancionada Ley de Prevención de la Extorsión Extrajera (FEPA, por sus siglas en inglés) llena este vacío.
La nueva norma cumple un objetivo clave de la “estrategia de lucha contra la corrupción de 2021″ de la administración Biden.
Los infractores se enfrentan a penas de hasta 15 años de prisión y multas de hasta $250,000 o tres veces el equivalente monetario del soborno recibido, o ambas.
What better way to start off 2024 than with good #anticorruption and #transparency news?
— Transparency International U.S. (@transparencyUSA) January 3, 2024
Last week, Biden officially signed FEPA into law! A huge step towards protecting Americans & American businesses abroad from #bribery.
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Funcionarios estadounidenses dijeron que el vacío legal se cerró una vez que se abordaron las preocupaciones de que Estados Unidos podría estar extralimitándose al acusar a funcionarios extranjeros. El Departamento de Justicia estadounidense ha perseguido activamente a funcionarios de gobiernos extranjeros por su papel en esquemas de soborno en virtud de otras leyes, incluidas las leyes federales sobre blanqueo de activos, y se consideró que la ampliación de la FCPA estaría en consonancia con esas leyes.
El gobierno estadounidense también sanciona a funcionarios extranjeros a través de la Ley Magnitsky y la Lista Clinton, que es la lista sancionatoria elaborada por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense.
El senador demócrata por el estado de Rhode Island, Sheldon Whitehouse, declaró que la FEPA “envía un mensaje claro a los cleptócratas y criminales internacionales que buscan todas las oportunidades para extorsionar a las empresas estadounidenses y socavar nuestra seguridad nacional”.
La Prensa consultó a la Embajada de Estados Unidos en Panamá al respecto y, en un escueto mensaje, respondió: “Estados Unidos mantiene su compromiso con la lucha global anticorrupción, la cual socava la democracia y debilita sus instituciones.”
