La comercialización ‘online’ de pisos turísticos ilegales se ha puesto cada vez más difícil en España y las principales plataformas ya están desactivando aquellos anuncios que no cuentan con el número de registro, un requisito obligatorio desde el pasado 1 de julio.
En los últimos años han proliferado en España los pisos turísticos, sobre todo en las grandes ciudades y la costa, y esto ha sido uno de los factores que ha contribuido a la escasez de alquileres residenciales y por consiguiente a la subida del precio de los mismos, según denuncian distintas asociaciones.
En España hay unas 381,837 viviendas turísticas, en su mayoría en Andalucía (sur), Valencia (este), Catalula (noereste) y las Islas Canaras (Atlántico), según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Pero el Gobierno calcula que hay unos 54,000 pisos turísticos ilegales en las plataformas, muchos de ellos comercializados en varias a la vez. Se trata de alojamientos que solicitaron el número de registro imprescindible pero que no lo obtuvieron al no cumplir los requisitos legales.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha confirmado que las plataformas los están retirando de forma efectiva y que hay buena disposición para ello.
Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero este nuevo registro de alquileres de corta duración, aunque no se hizo efectivo hasta las puertas del verano, recibió cerca de 336.500 solicitudes, de las que más del 78 % eran para uso turístico y un 20 % fueron revocadas.
En el punto de mira
Aunque las principales plataformas, como Airbnb y Booking, no revelan datos del número de anuncios desactivados, se muestran a favor de combatir los alquileres turísticos ilegales y reconocen que aquellos que cuentan con este número de registro son los preferidos por los usuarios.
Airbnb indica que estas obligaciones de registro no han supuesto un impacto significativo en su negocio y que desde enero 70,000 anuncios más muestran un número de registro.
Además, indican que menos del 10 % de los número de registro nacionales que fueron rechazados hasta hoy tienen un anuncio activo y que su objetivo es darlos de baja, al tiempo que se conciencia a los anfitriones sobre los nuevos requisitos y se pide al resto de plataformas que se unan en los esfuerzos de transparencia.
Booking afirma que ha trabajado con el Ministerio de Vivienda para asegurar que su portfolio en España cumple plenamente con los requisitos legales y subrayan que su compromiso es el de colaborar con las autoridades para promover una regulación clara y combatir los alquileres turísticos ilegales.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 indicó esta misma semana que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) avaló por segunda vez la exigencia para que Airbnb retirara de su plataforma 34,728 alojamientos turísticos que no tenían licencia a finales de 2024.
El objetivo del Gobierno es que estas viviendas se incorporen al mercado de alquiler residencial dada la escasez falta de oferta disponible, la subida de precios y las dificultades de acceso, especialmente para los jóvenes y los más vulnerables.
La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) defiende que una solicitud incompleta o una revocación administrativa no implica que exista una actividad ilegal y denuncia que el Gobierno se está excediendo en sus competencias y les ha convertido en el “chivo expiatorio”.
