La Corte Suprema de Brasil avaló este jueves ampliar la responsabilización de las plataformas de redes sociales por publicaciones de terceros que presenten contenido delictivo.
Una mayoría de ocho de 11 magistrados consideró que las empresas pueden ser responsabilizadas, si no retiran publicaciones ilegales a petición de personas que se sientan ofendidas por las mismas, incluso si no hay orden judicial que las obligue a hacerlo.
Bastará, por tanto, una notificación “extrajudicial” para contenidos que, por ejemplo, sean de pornografía infantil o desplieguen referencias a terrorismo y a ideas antidemocráticas.
“En estos casos, la responsabilización presupone un fallo sistémico”, sostuvo el voto del presidente del Supremo, Luís Roberto Barroso, quien sugirió mantener la exigencia de una orden judicial para los crímenes contra el honor.
Por el contrario, una minoría de tres magistrados se posicionó a favor de responsabilizar a las empresas solo en caso de que no eliminen el contenido una vez ordenado por un juez, y citó la necesidad de preservar la libertad de expresión.
Así, la posición mayoritaria tumbó por ser parcialmente inconstitucional un artículo del Marco Civil de Internet, una norma editada hace más de 10 años, al considerar que este no ofrece “protección suficiente” para los usuarios, en medio de la propagación de gran cantidad de noticias falsas en los últimos años.
Según esta postura, los fallos de la norma quedaron demostrados cuando, el 8 de enero de 2023, fue propagada por redes sociales la convocatoria masiva que llevó a cientos de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro a vandalizar las sedes del Supremo, la Presidencia y el Congreso en Brasilia.
Muchos de estos ultras, que protestaban contra la toma de posesión del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, han terminado por ser condenados a duras penas de prisión por un delito de intento de golpe de Estado.
El Supremo protagonizó un pulso el año pasado con el magnate Elon Musk, quien se negaba a retirar contenido publicado en su red social X, aunque este acabó por acatar las resoluciones judiciales cuando las cuentas bancarias de sus empresas en Brasil fueron bloqueadas.