La llegada de Keiko Fujimori al poder —el pasado martes 28 de julio— no constituye una simple alternancia democrática. Primera mujer elegida presidenta del Perú, su triunfo cierra el largo ciclo político abierto con la caída del régimen de Alberto Fujimori en el año 2000. Pero, sobre todo, plantea una pregunta decisiva: ¿puede este “segundo fujimorismo” regresar al poder para reconstruir la gobernabilidad democrática, en lugar de volver a erosionarla?
Durante años, el Perú sostuvo una combinación tan improbable como funcional: instituciones deslegitimadas, partidos débiles y una ciudadanía desconfiada de sus dirigentes convivieron con estabilidad macroeconómica y crecimiento. Esa separación entre política y economía —la teoría de las “cuerdas separadas”— permitió disimular las consecuencias de la fragilidad institucional. Ya no es así. La sucesión de ocho presidentes desde 2016 —nueve con Fujimori—, la crisis de representación, el deterioro del Estado y el avance del crimen organizado terminaron por unir ambas cuerdas en una misma crisis nacional.
Keiko recibe un país muy distinto del que gobernó su padre. No enfrenta amenazas como la hiperinflación o el terrorismo de las décadas pasadas, sino uno fracturado geográfica e ideológicamente, con instituciones debilitadas, un “Estado a la deriva”, una economía que necesita recuperar dinamismo, mayúsculos déficits sociales sobre todo en ciertas regiones, y una ciudadanía golpeada por la inseguridad y la informalidad.
Su desafío será conseguir lo que ninguno de sus ocho predecesores logró: gobernar con eficacia sin debilitar la democracia; combatir al crimen organizado sin violar los derechos humanos; reactivar la economía sin desatender lo social; atacar la corrupción, y completar los cinco años de su mandato. Esta será la verdadera medida de su presidencia. Si lo consigue, Fujimori no solo habrá sobrevivido al cargo más inestable de América Latina: habrá logrado rescatar la presidencia y la gobernabilidad democrática después de una década de decadencia política.
Retos prioritarios
En una América Latina que ha entrado en la era de la política de resultados —sin lunas de miel ni cheques en blanco—, el éxito de la presidencia de Keiko no se medirá por sus promesas, sino por su capacidad para responder con rapidez y eficacia a las demandas ciudadanas y cumplir sus compromisos de campaña. La nueva mandataria parece comprenderlo. En su discurso de posesión afirmó: “El Perú no necesita un gobierno que explique los problemas, sino uno que los resuelva”. Y añadió: “Ha llegado el momento de acelerar las decisiones que el país espera desde hace mucho tiempo, con orden, eficiencia y sensibilidad humana”.
De la compleja agenda que deberá enfrentar, sobresalen cinco desafíos prioritarios.
El primero, recuperar la seguridad sin debilitar el Estado de derecho. La inseguridad ciudadana constituye, por amplio margen, la principal preocupación de los peruanos. La expansión del sicariato, las extorsiones, la minería ilegal, el narcotráfico y otras economías criminales ha modificado profundamente el mapa de riesgos del país.
Fujimori hizo de la seguridad el eje central de su campaña y de su primer mensaje a la Nación. Anunció una estrategia de “mano dura” —al estilo de Bukele— la participación más activa de las Fuerzas Armadas en zonas bajo estado de emergencia, reformas penitenciarias y una ofensiva contra las organizaciones criminales.
Empero, el desafío no consiste solo en endurecer la respuesta represiva: deberá combinar reformas institucionales con el mejoramiento de las condiciones sociales y oportunidades. La verdadera prueba será recuperar el control territorial y reducir las causas de la violencia sin erosionar el Estado de derecho ni repetir las graves violaciones a los derechos humanos del primer fujimorismo.
El segundo, reactivar la economía preservando la estabilidad fiscal. En los últimos años, la incertidumbre política desaceleró el crecimiento, debilitó la inversión privada, condicionó las decisiones empresariales y dejó intacta una informalidad que aún absorbe a gran parte de la fuerza laboral.
En su discurso inaugural, Fujimori combinó una agenda favorable a la inversión con anuncios de marcado contenido social: aumento del salario mínimo, ampliación de los programas de asistencia, grandes proyectos de infraestructura y nuevas inversiones públicas.
Sin embargo, conciliar disciplina fiscal, crecimiento y una expansión responsable del gasto social será difícil sin una recuperación de la inversión privada y la productividad. En este contexto, el Banco Central de Reserva y Julio Velarde, su presidente durante las últimas dos décadas, seguirán siendo decisivos. Fujimori le propuso continuar cinco años más; Velarde aceptó.
El tercero, gobernar un país dividido. La victoria de Keiko fue extremadamente estrecha: menos de cincuenta mil votos. El izquierdista Roberto Sánchez denunció fraude y solo admitió su derrota días después de la proclamación oficial. Fujimori gobernará un país dividido casi por mitades y marcado por profundas fracturas territoriales, sociales y culturales.
Consciente de este complejo escenario, Fujimori llamó a la unidad, prometió reducir la polarización, ofreció resultados rápidos y gobernar para todos, incluidos quienes no la eligieron.
El cuarto, contar con un Estado estratégico. La eficacia de su gobierno dependerá tanto de sus decisiones políticas como de la capacidad para ejecutar obras, coordinar con gobiernos regionales y fortalecer una administración pública debilitada por la inestabilidad permanente. Para ello, Fujimori deberá reformar y modernizar el Estado mediante una profunda reorganización y simplificación interna, desregulación, reforma del servicio civil y la incorporación de la IA.
Entre sus prioridades en este ámbito, figura la modernización de la infraestructura nacional, la mejora de los servicios públicos, la reorganización de programas sociales dirigidos a combatir la pobreza, la desigualdad, la anemia y la desnutrición infantil y, de manera especial, la preparación frente a la amenaza del fenómeno de El Niño.
El quinto, relegitimar las instituciones y garantizar la gobernabilidad. La confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso, las vacancias presidenciales, la disolución del Parlamento, la destitución de Pedro Castillo por su intento frustrado de autogolpe y el mediocre gobierno de transición de Dina Boluarte —vice presidenta de Castillo— terminaron por erosionar aún más la confianza ciudadana durante la última década. La paradoja es evidente: el fujimorismo señalado durante años —primero bajo el liderazgo del ex presidente y, más recientemente de Keiko—, como uno de los principales responsables de esta degradación institucional, deberá demostrar ahora que puede contribuir a revertirla.
La gobernabilidad, sin embargo, no está asegurada. Juegan inicialmente a su favor el retorno de la bicameralidad tras más de tres décadas y la condición del fujimorismo como primera fuerza en ambas cámaras. Pero, al carecer de mayoría propia, estará obligada a dialogar, negociar y construir acuerdos.
Una prueba para el fujimorismo pero también para el Perú
El desafío de Keiko Fujimori trasciende su propia presidencia. Lo que está en juego no es únicamente el éxito de un gobierno, sino la posibilidad de que el Perú cierre una década de crónica inestabilidad política.
Ningún presidente peruano reciente llegó al poder con una carga histórica comparable. Keiko deberá gobernar bajo el legado de su padre, la figura más polarizante de la política peruana contemporánea. El antifujimorismo, aunque debilitado, sigue presente.
Pero este “segundo fujimorismo” aún carece de una identidad definida. Su desafío principal pasa por construir un proyecto propio y renovado. En el plano interno, deberá combinar eficacia gubernamental y estabilidad política con un compromiso inequívoco con la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, junto con crecimiento económico e inclusión social. En política exterior, tendrá que administrar con pragmatismo las relaciones con sus dos principales socios comerciales: China, destino de casi el 40% de las exportaciones, y Estados Unidos, que concentra el 13%. La estrategia anunciada por su canciller apunta a reforzar con Washington la alianza política, ideológica y de seguridad —incluido el ingreso al Escudo de las Américas— y la cooperación con gobiernos latinoamericanos afines, sin poner en riesgo los vínculos estratégicos, comerciales, financieros y de infraestructura con Pekín.
Si lo logra, podría inaugurar una etapa de mayor estabilidad y redefinir el fujimorismo del siglo XXI. Si fracasa, confirmará que la crisis peruana no obedece solo a la debilidad coyuntural de sus gobiernos, sino a la incapacidad estructural de su sistema político para construir una democracia estable, inclusiva y gobernable.
