Sobre un pedestal de tres metros, un Pedro Joaquín Chamorro de piedra mira Managua a través de sus gafas, con la frente en alto. Hoy, tres de los hijos del periodista mártir de la dictadura somocista están presos o exiliados, como cientos de opositores nicaragüenses.
La mayoría huyó en medio de una ofensiva que ha encarcelado desde junio a 39 opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales que buscaban unirse para enfrentar al gobernante Daniel Ortega, quien, tras 14 años en el poder, busca su cuarto mandato consecutivo en las elecciones del domingo, sin contrapesos.
De esos aspirantes la favorita era la periodista Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y de Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por el dictador Anastasio Somoza y cuya estatua inauguró en 2013 el gobierno de Ortega.
Cristiana está bajo arresto domiciliario y sus hermanos Pedro Joaquín preso y Carlos Fernando exiliado en Costa Rica. Ellos, como otros opositores, son acusados de “lavado de dinero”, de lesionar la soberanía del país o de “traición a la patria”, bajo leyes adoptadas hace unos meses por el gobierno.
“Con políticos, líderes empresariales, sandinistas disidentes y periodistas entre los detenidos, los grupos de oposición están en completo caos”, afirmó un análisis de la ONG de prevención de conflictos Crisis Group.
La arremetida incluyó el allanamiento de viviendas, la cancelación de tres partidos políticos (Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), el Partido de Restauración Democrática (PRD) y el Partido Conservador (PC) así como de organizaciones civiles, lo que inmovilizó y excluyó a la oposición de los comicios.
“Fue mortal. Descabezó a la dirigencia y a cualquiera que levantara la cabeza. Todo el mundo está afuera, los que nos hemos quedado tenemos una sensación de soledad”, afirmó a la AFP la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
Para Ortega, que gobierna desde 2007, los opositores presos “no son políticos”, sino “criminales” que organizaban un golpe de estado.
Según una encuesta de Cid-Gallup -criticada por el gobierno-, el 65% de la población habría votado por un candidato opositor y un 19% por Ortega.
“La oposición está fragmentada por la escalada de represión. El gobierno prácticamente descabezó al liderazgo político del país”, afirmó la experta en temas de seguridad y gobernabilidad Elvira Cuadra.
El abanico opositor incluye a políticos de derecha, disidentes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), estudiantes que encabezaron las protestas contra el gobierno en 2018, familiares de más 300 nicaragüenses que murieron durante la represión ese año y de los presos, grupos feministas y parte del movimiento campesino.
Estaban organizados en los movimientos Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el bloque de la Coalición Nacional y la Alianza por la Justicia y la Democracia que se formó incluso con empresarios para dialogar con el gobierno en 2018.
Pero la formación de un bloque común fracasó por intrigas internas e intereses distintos, quedando como opción a los opositores participar en los comicios bajo las banderas del CxL, el PRD y el PC que ofrecieron representarlos.
Tras ser ilegalizadas esas tres agrupaciones, solo quedaron habilitados cinco candidatos presidenciales de partidos derechistas que son desconocidos por la población y tildados de colaboracionistas con el oficialismo, pues a veces han votado como aliados en el parlamento.
