La justicia comercial argentina decretó este lunes la quiebra del Correo Argentino, cuyo principal accionista es la familia del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), tras fracasar un largo proceso de salvataje en un concurso de acreedores abierto hace 20 años.
En un fallo de 44 páginas al que accedió la AFP, la jueza en lo Comercial Marta Cirulli declaró la quiebra de la empresa y ordenó “la inhibición general de bienes (de la firma) sin término de caducidad”.
Las medidas tomadas podrían extenderse al grupo empresario para afrontar el pasivo del Correo, debido a que esta empresa ya no tiene actividad ni bienes.
El domingo en una carta que hizo pública desde Europa donde está de viaje, Macri, líder de la alianza opositora de derecha Juntos por el Cambio, dijo ser víctima de persecución judicial y acusó al gobierno de Alberto Fernández (peronista de centroizquierda) de “buscar venganza” a través de la causa por el Correo.
En respuesta, el ministro de Justicia, Martín Soria, señaló la misiva como “un burdo intento de victimizarse” de Macri porque “su verdadero temor es que se haga justicia en la causa del Correo y en todas las que investigan sus manipulaciones judiciales para beneficiarse política y económicamente a costa de los argentinos”.
La empresa ofreció poco más de mil millones de pesos (9,9 millones de dólares al cambio actual) cuando según el Estado, la deuda real supera los 5.000 millones de pesos (49 millones de dólares), debido a la actualización de los montos.
La jueza consideró que un grupo de acreedores que había dado su consentimiento a la oferta empresaria hace 20 años, ya no sostendría ese acuerdo 20 años después.
“A lo largo de todo ese tiempo variaron sensiblemente los indicadores económicos y sobrevinieron sucesivas devaluaciones de nuestro signo monetario con gran pérdida del valor adquisitivo, lo cual es de conocimiento público”, indicó Cirulli.
El concurso de acreedores del Correo Argentino se inició en 2001, cuando la empresa del Grupo Macri ya había dejado de pagar el canon que le correspondía para poder explotar la concesión del correo oficial, otorgada en 1997, durante las privatizaciones del gobierno de Carlos Menem (1989-1999).
