El rechazo internacional a un proyecto de ley considerado amenazante para periodistas y defensores de derechos humanos de Nicaragua se incrementó este viernes 25 de septiembre con reclamos al presidente Daniel Ortega para que evite que sea sancionado en el parlamento.
El proyecto de ley promovido por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), recibió calificativos de “aberrante”, “ofensivo” e instrumento de “represión” de parte de diplomáticos, organismos de derechos humanos y periodistas de distintos países.
La legislación propone que entidades que reciben fondos del exterior deban registrarse como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación y no podrán inmiscuirse en asuntos internos.
Amnistía Internacional (AI) llamó “urgentemente” a la comunidad internacional para que se “activen todos los oficios a su alcance con el fin de evitar la aprobación de esta ley” que impondría “inaceptables” restricciones a libertad de asociación y sería un “instrumento de represión” contra personas y entidades que reciben cooperación externa.
La iniciativa, según sus oponentes, permitiría al gobierno de Daniel Ortega controlar el ingreso, trabajo y movimiento de organizaciones, medios de comunicación y periodistas que considere sus adversarios.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak dijo en Twitter que esa ley “es una ofensa” a la democracia.
“En vez de proteger la soberanía, esta ley busca criminalizar medios independientes y grupos prodemocracia. Estamos con el pueblo nicaragüense que resiste este ataque contra la libertad”, añadió Kozak.
Diputados de la Unión Europea enviaron una carta pública a Ortega en la que lo llamaron a “recapacitar” y a no aprobar el proyecto de ley, que consideran una violación al derecho a la privacidad, al trabajo, información y de asociación de los nicaragüenses.
El diputado opositor José Ramón Bauza calificó el proyecto como una ley “a la rusa” al compararla con la ley de Agentes Extranjeros aprobado por Rusia en el 2012, contra periodistas y blogueros.
Esta ley sería “el fin de la oposición”, advirtió Bauza en Twitter.
En tanto, organizaciones de periodistas internacionales cierran filas en defensa de los comunicadores nicaragüenses.
La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) denuncio “enérgicamente” el proyecto como “aberrante”, “inconstitucional” y diseñado para censurar e intimidar a los medios de comunicación independientes.
“Si este texto se vota en el parlamento, el gobierno de Daniel Ortega tendrá una nueva herramienta de represión para silenciar a las voces críticas a su administración”, advirtió RSF.
En términos semejantes se pronuncio el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York.
“Etiquetar a periodistas y medios de comunicación como agentes extranjeros es parte del intento sistemático del gobierno de Nicaragua de restringir y controlar el trabajo de los medios de comunicación independientes”, dijo la Coordinadora de CPJ para Centro y Sur América, Natalie Southwick.
“Pedimos al congreso de Nicaragua que rechace esta escandalosa ley y permita que la prensa trabaje libremente sin enfrentar la intimidación ni la vigilancia”, expuso el CPJ.
