El Gobierno de Costa Rica anunció este martes la extensión de una categoría migratoria humanitaria y el otorgamiento de permiso para trabajar en favor de un grupo de migrantes de varias nacionalidades que quedaron varados en el país tras ser deportados por Estados Unidos en febrero pasado.
“Se publicó una nueva prórroga a esa categoría humanitaria que le permite a estas personas mantenerse en Costa Rica en un estatus regular por seis meses y una de las novedades que se presenta es que tienen el derecho a trabajar, lo cual hará más dinámica su inserción en el país”, declaró el director general de Migración, Omer Badilla.
En febrero pasado, Costa Rica recibió dos vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos, en los cuales viajaron 200 personas -entre ellas 81 menores de edad- originarios de Nepal, China, Rusia, India, Congo, Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Turquía, Uzbekistán y Vietnam.
El Gobierno costarricense informó en ese momento que se trataba de un acuerdo con el Gobierno de Donald Trump para que Costa Rica sirviera como puente para que los migrantes retornaran a sus respectivos países o a un tercero. Los migrantes fueron llevados al sur del país al Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), cerca de la frontera con Panamá.
Casi la mitad de ellos retornó a sus países de forma voluntaria, otros pidieron refugio en Costa Rica, salieron del lugar o aún permanecen allí de forma voluntaria.
En la actualidad, 25 de estos migrantes permanecen en el Catem voluntariamente y, según las autoridades, la categoría migratoria humanitaria les permite libre movilidad y a partir de ahora buscar trabajo.
La aceptación de los 200 migrantes abrió una polémica en Costa Rica e incluso diversas organizaciones no gubernamentales denunciaron que las autoridades violaron los derechos humanos de estas personas al no permitirles movilizarse fuera del Catem durante dos meses, hasta que en abril se estableció por primera vez la categoría migratoria humanitaria.
Un informe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJM-CR) y American Friends Service Committee (AFSC), señaló que Costa Rica “detuvo arbitrariamente” a estas personas en el Catem por más de 60 días, les negó información adecuada y no garantizó el principio de no devolución.
La investigación además denunció que los migrantes no tuvieron acceso a información en sus idiomas, no se les realizó un análisis individualizado que abordara sus necesidades de protección internacional, y tampoco recibieron atención integral, por ejemplo, psicológica, por parte de instituciones del Estado costarricense.
