La CIDH, el órgano de la OEA que vela por los derechos humanos, pidió el jueves al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua que proteja la vida de dos líderes campesinos opositores presos desde julio y que evalúe “inmediatamente” alternativas a su detención.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo en un comunicado que solicitó que “se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Medardo Mairena y Pedro Mena”.
“Tomando en cuenta la situación de riesgo”, la Comisión pidió además que “se evalúe, inmediatamente, la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad”.
La CIDH sostuvo que amplió las medidas cautelares en favor de Mairena y Mena que ya había emitido en 2018, así como las medidas urgentes concedidas para Mairena en 2019, por considerar que “siguen presentándose hechos de riesgo” para ambos.
Recordó que los dos dirigentes del Movimiento Campesino de Nicaragua fueron detenidos luego de que Mairena presentara su precandidatura presidencial para las elecciones del 7 de noviembre.
Añadió que ambos estuvieron incomunicados por más de 60 días, sus familiares no fueron notificados de su lugar de detención y siguieron denunciando irregularidades en sus procesos penales.
La CIDH emite medidas cautelares cuando considera que una persona está “en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable”.
Cuando falta un mes para las elecciones en Nicaragua, unas 150 personas están bajo arresto por protestar o criticar al gobierno, entre ellas siete aspirantes presidenciales, según organizaciones de derechos humanos y familiares.
Ortega, de 75 años y en el poder desde 2007, busca su cuarto mandato consecutivo, otra vez con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.
La crisis política en Nicaragua estalló con las protestas antigubernamentales de abril de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, centenares de encarcelados y más de 100.000 exiliados.
El gobierno atribuyó las manifestaciones a un fallido golpe de Estado promovido por Estados Unidos que, al igual que Canadá y la Unión Europea, impuso sanciones al entorno de Ortega.
Mairena y Mena están acusados del asesinato, secuestro y lesiones de agentes durante las manifestaciones de 2018. Antes de su arresto en julio, habían sido condenados a 200 años de prisión por “terrorismo” y otros presuntos delitos por su participación en las protestas, pero recibieron una amnistía en junio de 2019.
