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SEDICIÓN

Ciberactivista detenido en Bolivia por criticar medidas del gobierno contra el Covid-19

Amnistía Internacional pidió al gobierno boliviano clarificar acusaciones de ‘desestabilización’ y ‘desinformación’.

Ciberactivista detenido en Bolivia por criticar medidas del gobierno contra el Covid-19
De acuerdo con la imputación, el activista divulgaba mensajes contra la respuesta del gobierno al coronavirus. Archivo

Un ciberactivista boliviano fue detenido bajo acusaciones de difundir noticias falsas tras criticar en línea las acciones del gobierno contra el coronavirus, en base a una cuestionada norma oficial para limitar la desinformación en medio de la pandemia.

“El señor Mauricio J. P., llamado ‘guerrero digital’, (fue detenido por) sedición, instigación pública a delinquir, atentado a la salud pública”, dijo el coronel José María Velasco, director de la policía anticrimen en la región oriental de Santa Cruz, citado este jueves por la edición digital del diario Página Siete.

Velasco señaló que J. P. -a quien creen vinculado al partido izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales (2006-2019)- fue enviado por un juez preventivamente a la cárcel de Palmasola, detalló el diario El Deber en su sitio web.

Según la imputación, el activista divulgaba mensajes contra la respuesta del gobierno transitorio al coronavirus, y menoscababa en las redes sociales su lucha contra la enfermedad.

La detención se efectuó en vistas a un decreto del gobierno que data del 25 de marzo, con medidas para frenar la pandemia, incluida la cuarentena obligatoria.

Entre otros puntos, la norma sanciona a quienes “desinformen o generen incertidumbre a la población”, y establece que los infractores “serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”, con penas de uno a 10 años de cárcel.

El viernes, Amnistía Internacional pidió en Twitter al gobierno boliviano clarificar acusaciones de “desestabilización”, “desinformación” y “guerra virtual”, en marcadas en esa ley, contra 67 personas, 37 de las cuales ya habrían recibido sentencias a través de “procesos abreviados”.

La norma oficial alarmó también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señaló que “no cumple con el principio de legalidad y no se ajusta al interés imperioso de proteger la salud”, en un tuit el 12 de abril, en el que pidió cancelarla.



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