El expresidente Evo Morales, exiliado en México, comenzó a ser investigado por “sedición y terrorismo”, en una movida del gobierno provisional que podría encender aun más los ánimos y complicar la solución a la violenta crisis en Bolivia.
Este viernes la fiscalía abrió el proceso contra Morales a partir de una denuncia presentada por el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.
El funcionario acudió a la justicia con un audio como prueba. En la grabación revelada el miércoles, se escucha supuestamente a Morales dando instrucciones a un partidario cocalero para cercar a las ciudades e interrumpir el suministro de comida, mediante el bloqueo de vías.
“Estamos pidiendo la máxima pena por sedición y terrorismo”, afirmó Murillo.
El exgobernante de 60 años había enviado un tuit el día anterior en el que denunciaba los planes del gobierno de Jeanine Áñez para enredarlo en un “juicio internacional” con base en un “montaje”.
Denuncio al gobierno de facto en #Bolivia por crear un montaje con intención de hacerme un juicio internacional. Apelar a la manipulación judicial para encarcelar a líderes antiimperialistas, de izquierda y progresistas es algo que ya hicieron con Lula, Cristina y Correa.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 21, 2019
De su lado el fiscal general, Juan Lanchipa, dijo que le pedirá a la cancillería que “ponga en conocimiento de las autoridades de México el inicio de investigación” contra Morales, quien en principio sería investigado sin fuero especial, en su condición de expresidente.
Si prospera un juicio en su contra, enfrentaría un castigo 30 años de cárcel.
El ministro Murillo denunció igualmente al exministro Juan Ramón Quintana, exhombre fuerte en el saliente gobierno, por los mismos cargos contra Morales. Su paradero es desconocido.
