El Estado argentino reconoció este miércoles 7 de septiembre su responsabilidad en la investigación por la muerte del suboficial de la Prefectura Naval Argentina (PFA), Octavio Romero, tras firmar un acuerdo de “solución amistosa” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La rúbrica formal de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, tuvo lugar en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) -relevante centro de tortura y detención en la dictadura militar (1976-1983)-, y contó con la presencia de la pareja de Romero, Gabriel Gersbach, que luchó durante 12 años para esclarecer su muerte.
“Es un punto y aparte esta firma. Creo que voy a tener más acceso a la causa, pero todavía me siento discriminado por la fiscalía. Las veces que he ido me sentí mal atendido”, expresó a Efe Gersbach.
Este acuerdo contemplará el reconocimiento abierto de que el caso se investigó mal durante más de una década y promoverá, con la CIDH como testigo, acciones reparatorias para las víctimas, así como garantías de no repetición a las cuales se compromete el Estado argentino.
Parte de esas medidas serán protocolos para denunciar casos de discriminación con base en la orientación sexual e identidad de género, formación y educación en temática de género a las fuerzas de seguridad federales y lineamientos para el abordaje de crímenes de odio.
“Este acuerdo es la luz del futuro, de saber que lo intentamos, de que esto no se repita y no haya otros ‘Octavios’”, resumió.
