La turbulencia que desató en Guatemala el cierre de la misión anticorrupción de la ONU amenaza con empañar el proceso electoral de este año, cuando el país elija al sucesor del presidente Jimmy Morales, advirtieron analistas.
A las puertas de la convocatoria para las elecciones generales, el próximo 18 de enero, Guatemala se vio sacudido por la intención de Morales de poner fin a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), medida frenada por un fallo judicial.
En medio de la convulsión jurídica y las tensiones políticas en alza, los guatemaltecos irán a las urnas en junio para elegir presidente, vicepresidente, 158 diputados al Congreso, 340 alcaldes y 20 diputados titulares y suplentes al Parlamento Centroamericano.
Si en junio no hay un ganador a presidente con el 50% más 1 de los votos, se diputará una segunda vuelta en agosto entre los dos primeros lugares.
Las tensiones en torno al futuro de la Cicig han provocado un desinterés en la población por los comicios generales, comentó a la AFP Karina Flores, de la Red de Mujeres por la Democracia.
Aunque reconoce que la campaña no ha arrancado oficialmente, Flores considera que, si la situación se agudiza, “definitivamente el caso de la Cicig va a invisibilizar el proceso electoral”.
Flores estima que la turbulencia puede favorecer al partido gobernante (el derechista FCN-Nación), pues estaba bajo investigación de las autoridades electorales para su cancelación por financiamiento electoral ilícito en los comicios de 2015 que ganó Morales.
El lunes pasado, el mandatario dio a conocer su decisión de terminar anticipadamente la misión internacional, adscrita a la ONU, pero un día después sufrió un duro revés cuando la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad, dejó sin efecto la medida.
La decisión unilateral de Morales ocurre luego de que el fin de semana el gobierno intentara impedir el ingreso al país del investigador colombiano Yinel Osorio, de la Cicig, finalmente admitido bajo el amparo de una orden de la misma Corte.
Ya había un precedente ocurrido en septiembre pasado, cuando Morales negó el ingreso al país al jefe de la Cicig, el exjuez colombiano Iván Velásquez, mientras realizaba un viaje a Estados Unidos.
El gobernante desde agosto de 2017 fue acusado por la Cicig de corrupción electoral en las elecciones de 2015, provocando un fuerte distanciamiento con la comisión internacional.
La hostilidad del mandatario con el ente adscrito a la ONU comenzó un año antes cuando la Comisión acusó a su hijo y su hermano de evasión fiscal y lavado de dinero. Los dos están a la espera de un juicio.
“Todas las acciones ilegales, torpes y arbitrarias en las que está incurriendo el gobierno opacan y absorben el interés de la opinión pública y desplazan la atención del proceso electoral”, consideró el analista Luis Linares.
