CARACAS, Venezuela. (EFE). -La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Gladys Gutiérrez, prometió hoy celeridad en el castigo a los culpables de las 43 muertes que dejó la oleada de protestas antigubernamentales de inicios de año.
"Estaremos siguiendo cada uno de los procesos contra quienes cometieron estos hechos para garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la debida celeridad procesal", declaró Gutiérrez a los periodistas tras recibir al Comité de Víctimas de la Guarimba (barricadas) y del Golpe de Estado continuado, como se llama las protestas de inicio de año.
Esas protestas, convocadas por un sector de la oposición al Gobierno de Nicolás Maduro en busca de su renuncia o destitución, comenzaron en febrero y se extendieron hasta junio pasado.
Algunas de ellas derivaron en hechos de violencia que, además de las muertes, causaron centenares de heridos y más de 3 mil detenidos, además de diversos daños materiales.
Alrededor de 50 activistas opositores permanecen en prisión por supuestamente disparar contra miembros de la fuerza pública y por lo mismo hay diez policías involucrados en la muerte de algunos opositores.
Entre las víctimas también se contabilizan transeúntes atrapados en sucesos de "fuego cruzado" y en disparos de francotiradores, algunos de cuyos familiares integran el comité de víctimas junto a deudos de fallecidos afines al Gobierno.
"Nuestro compromiso son la Constitución y las leyes, luchar contra la impunidad" y "reivindicamos en el Poder Judicial el derecho del pueblo venezolano a vivir con justicia y en paz", añadió la presidenta del Supremo de Justicia.
Además de los delitos contra la vida, en las protestas contra el Gobierno se registró la "vulneración" de otros derechos, entre ellos "al libre tránsito, a la salud y a la educación", añadió la titular del Supremo de Justicia.
Tras su vista al TSJ, los integrantes del Comité se reunieron con la titular de la Defensoría del Pueblo, Gabriela Ramírez, quien les dijo que los jueces y sus funcionarios "están comprometidos, como poderes del Estado, a darle impulso y seguimiento a todas las causas" judiciales en marcha.
La mayoría de procesos ventilan acusaciones penales y "nosotros, como Defensoría del Pueblo, más bien tenemos a cargo casos sobre personas detenidas en el marco de los hechos violentos", apuntó Ramírez. En la Defensoría del Pueblo "somos muy conscientes de la preocupación" de los familiares de las víctimas, añadió Ramírez.
