La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este martes 20 de junio de 2017 el espionaje digital contra periodistas y medios de comunicación en varios países americanos. Calificó esta práctica como "un serio atentado a las libertades de expresión y de prensa; al derecho a la privacidad y a la protección de fuentes periodísticas”.
Este pronunciamiento se da después de conocerse que un grupo de activistas y periodistas denunció legalmente el lunes 19 de junio al Gobierno de México por intervenir sus teléfonos celulares. Esto, tras difundirse una investigación periodística que apunta al presunto uso de un software de espionaje que se vende exclusivamente a gobiernos.
La investigación –divulgada por el diario The New York Times–, apunta que el espionaje contra defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción se efectuó utilizando un tipo de malware provisto por la firma israelí NSO Group, que cuenta entre sus clientes al Ministerio de Defensa Nacional de México y a la fiscalía federal de ese país.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Roberto Rock, dijo que esta práctica de espiar a un ciudadano sin justificación judicial "es un delito criminal", con sanciones de entre 6 y 12 años de prisión en México.
"Esto es una operación de Estado donde los agentes del Estado mexicano, lejos de hacer lo que deben hacer legalmente, han utilizado nuestros recursos, nuestros impuestos, nuestro dinero para cometer ilícitos graves", ha dicho, por su parte, la periodista Carmen Aristegui, una de las presuntas agraviadas, según recogen agencias noticiosas internacionales.
Desde hace varios años, la SIP indicó, en un comunicado, que viene repudiando la infiltración de programas espías en las computadoras o dispositivos móviles de periodistas y organizaciones de noticias.
La organización recordó que ha denunciado casos provenientes de Argentina, Ecuador y Venezuela, entre otros países, donde se ha constatado la participación de organismos del Estado en la ejecución de estos delitos informáticos, que violan la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En 2014, en Panamá se conoció que el gobierno contrató los servicios de la compañía italiana Hacking Team, especializada en tecnología de vigilancia para espiar conversaciones por WhatsApp.
El software espía Pegasus, de la firma NSO Group, permite a los hackers tener acceso a llamadas telefónicas, mensajes, las cámaras de los dispositivos y datos personales. La compañía dice que vende el producto solo a los gobiernos con el propósito de combatir la delincuencia y el terrorismo.
En tanto, México emitió un comunicado en el que dijo que, como cualquier régimen democrático, lleva a cabo actividades de inteligencia para combatir al crimen organizado y amenazas contra la seguridad nacional, pero negó que haber realizado labor ilegal de espionaje.
Vea: Pegasus, el programa espía, voló a México
