La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición, resolvió el martes iniciar un juicio político al presidente Nicolás Maduro por el supuesto rompimiento del orden democrático y violación de los derechos humanos.
"Esta cámara puede determinar la responsabilidad política del presidente de la república", dijo el diputado Henry Ramos Allup, presidente del congreso unicameral.
La iniciativa busca someter al mandatario a un juicio político y eventualmente solicitar a la Contraloría General y la Fiscalía General "que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectivas esas responsabilidades" que tendrían sanciones "penales y administrativas", acotó el legislador.
Los legisladores opositores también acordaron citar a Maduro para el martes 1 de noviembre "para que responda por las graves violaciones a la constitución y los derechos humanos".
Pero lo más probable es que el proceso no prospere porque según la ley debe ser avalado por la Contraloría General y la Fiscalía General y refrendado por el Tribunal Supremo de Justicia, todos señalados de estar controlados por el oficialismo.
La iniciativa fue aprobada en medio de reclamos airados de la bancada oficialista, que por primera vez en 17 años es minoría en el Congreso.
La Asamblea aprobó "un documento que no tiene ninguna base legal, que no tiene ninguna base constitucional. Han querido abrir un juicio político contra el presidente, facultad que no tiene la Asamblea Nacional según nuestra constitución", dijo el diputado Héctor Rodríguez, jefe de la bancada oficialista, en un acto multitudinario de bienvenida a Maduro tras su gira por países de Medio Oriente.
Pero Ramos Allup destacó que la violación de la constitución se manifiesta en el uso del Poder Judicial para "sostenerse en el poder" mediante "sentencias fraudulentas del Tribunal Supremo de Justicia".
El máximo tribunal ha respaldado por decreto los poderes especiales para legislar de Maduro, ha limitado las funciones de control del Legislativo y ha declarado nula la mayoría de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional.
Las tensiones se intensificaron luego de que el 20 de octubre las autoridades judiciales y electorales decidieron suspender una campaña de recolección de cerca de cuatro millones de firmas para someter a una consulta popular la salida de Maduro, cuya popularidad ha ido en descenso.
Los adversarios del gobierno consideraron la decisión un golpe de Estado con participación del gobierno. En medio de una severa escasez de medicinas y alimentos y con la inflación más alta del mundo, 80% de los electores desean que Maduro abandone el poder, según diversas encuestas.
Los dirigentes de la oposición anunciaron además que intensificarán la presión sobre el gobierno con movilizaciones callejeras que comenzarán el miércoles con una protesta nacional llamada "la toma de Venezuela".
