El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó este miércoles a un debate nacional para discutir la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada la víspera por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
El mandatario cuestionó la legitimidad del instrumento jurídico que busca eximir de culpa y procesamiento judicial a políticos y ciudadanos vinculados con delitos tipificados en la Constitución venezolana.
"Aprobaron de manera intempestiva una ley que jamás se ha aprobado en el país. Un instrumento jurídico como ese, llamado por ellos como amnistía, es el más criminal que jamás se haya aprobado en Venezuela", expresó Maduro en un acto con movimientos sociales.
El presidente dijo que los beneficiarios de esa ley, son ciudadanos que atentaron contra la población durante los hechos violentos de 2014.
Maduro dudó de que la amnistía aprobada por la derecha conduzca a la reconciliación nacional, como así lo ha asegurado la representación opositora en la Asamblea Nacional.
El mandatario indicó que la Asamblea "está de espaldas al país" y de los problemas que actualmente constituyen una prioridad para la población.
El presidente dijo que el Poder Legislativo está controlado y se lo disputan diferentes grupos económicos que tienen intereses detrás de la oposición local, pese a la aparente unión de sus partidos políticos.
Maduro aseveró que uno de estos grupos económicos está representado por el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, mientras que otro es liderado por Leopoldo López, quien se encuentra en prisión.
"Son cuatro grupos económicos, cuatro mafias que están cayéndose a cuchillos", afirmó el mandatario sudamericano.
La bancada derechista en la Asamblea unicameral aprobó, por mayoría, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, un instrumento que consta de 29 artículos y que ha sido calificado por autoridades del gobierno como una "Ley de Amnesia Criminal".
Tras su aprobación en la Asamblea, el documento será remitido al Ejecutivo, quien determinará la promulgación o no del mismo. Maduro ha dicho que no aprobará la referida ley.
El mandatario tendrá 10 días para pronunciarse sobre la ley y tiene la posibilidad de remitirlo al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que la máxima instancia judicial determine la constitucionalidad o no del documento.
