La Corte Suprema de Nicaragua rechazó el último recurso de amparo que había interpuesto el movimiento campesino contra un canal interoceánico cuya construcción y explotación fueron otorgadas a un empresario chino por 50 años.
La Sala Constitucional de la Corte informó el rechazo al amparo en contra de la negativa de la Asamblea Nacional de derogar la conocida como "Ley del Gran Canal".
El máximo tribunal argumentó que "declarar con lugar las pretensiones de amparo de los recurrentes entrañaría un desconocimiento de lo ya resuelto por este máximo tribunal".
En diciembre de 2013 la Corte Suprema ya había rechazado recursos similares presentados por una treintena de nicaragüenses.
Francisca Ramírez, líder del Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, lamentó que el alto tribunal les haya dado la espalda.
"Es triste que la Corte Suprema no reconozca nuestros derechos como nicaragüenses y va a quedar registrado en la historia del país que existe un sistema judicial que no respeta los derechos de sus ciudadanos", dijo Ramírez a The Associated Press.
La "Ley del Gran Canal" fue aprobada en junio de 2013 con el voto de los diputados del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Se trata de un proyecto de 50 mil millones de dólares para construir una vía interoceánica que compita con el Canal de Panamá.
La construcción del canal es vista con recelo por expertos en transporte marítimo y ambientalistas que consideran que afectará al Lago Cocibolca, la reserva de agua dulce más grande de Centroamérica.
Hasta ahora las obras se reducen a estudios ambientales y a la apertura de una trocha de tierra en las costas del Pacífico.
Ramírez sostuvo que aunque no queden instancias judiciales a las cuales recurrir seguirán demandando desde las calles con protestas y marchas.
"Los campesinos no vamos a echar pie atrás y estamos dispuestos a morir, si es necesario, por nuestras tierras", dijo la líder campesina, quien anunció que la próxima marcha nacional contra el canal será el 22 de abril.
La asesora legal del movimiento campesino, Mónica López Baltodano, dijo que el fallo de la Corte ratifica la voluntad del Estado de violentar los derechos de miles de campesinos amenazados con expropiaciones de tierras como consecuencia de la construcción del canal.
