Nicaragua impidió el viernes la entrada al país de dos abogados de una organización defensora de los derechos humanos que trabaja con las organizaciones que se oponen a la construcción de un polémico canal interoceánico que el gobierno proyecta construir.
Luis Carlos Buob, de nacionalidad peruano-suiza, y la española Marta González, abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), denunciaron haber sido deportados de Nicaragua contra su voluntad cuando trataron de ingresar al país por el aeropuerto internacional Augusto César Sandino.
Buob relató a The Associated Press que, al llegar a Managua, el oficial de migración que lo recibió hizo las preguntas de rutina, luego le cobró el impuesto de ingreso al país y se fue con su pasaporte más de 25 minutos.
"Eso me hizo recurrir a otros oficiales para preguntar por la persona que se había llevado mi pasaporte. Luego regresaron cuatro funcionarios indicándome que Nicaragua no me permitía el ingreso al país; dijeron que había una presunción de narcotráfico y que debía tomar el vuelo de regreso a San José", relató Buob, quien dijo también que lo tumbaron al piso e intentaron esposarlo.
"Si tuvieran sospechas de narcotráfico no me deportarían, tendrían que detenerme, pero esas acusaciones son totalmente falsas", explicó.
El abogado detalló que González sí pudo pasar sin problemas, pero al revelar que viajaba junto a Buob, también fue detenida y obligada a tomar el vuelo de regreso a Costa Rica.
A ambos se les decomisaron sus teléfonos celulares. Los abogados mostraron a la AP que el permiso de entrada al país fue anulado después de ser concedido.
Buob fue representante de CEJIL en una audiencia que se realizó en marzo en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde organizaciones nicaragüenses denunciaron abusos en las expropiaciones para construir el canal y represión contra las manifestaciones por parte del gobierno de Nicaragua.
Se proyecta que el canal tenga unos 278 kilómetros de longitud y vaya desde el Caribe hasta el Pacífico, con lo que se concretaría un sueño que se ha estudiado y descartado varias veces desde hace tiempo.
Deportan arbitrariamente de #Nicaragua a representantes de @cejil: http://t.co/FWcRbGOC35 @cenidh
Deportan arbitrariamente de #Nicaragua a representantes de @cejil: http://t.co/FWcRbGOC35 @cenidh
— CEJIL (@cejil) May 15, 2015
Los que respaldan el plan dicen que sacaría a muchos de la pobreza en la segunda nación con más carencias económicas en el continente americano, pero los defensores del medio ambiente afirman que dañará la principal fuente de agua del país, el Lago Nicaragua, y miles de campesinos se han movilizado contra la expropiación de sus tierras y para defender la soberanía nacional.
El Congreso, controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional —partido del presidente Daniel Ortega_, aprobó el año pasado en la Asamblea Nacional la ley que otorgó a la empresa de origen chino HKND Group una concesión a 50 años, renovable por otros 50, para construir y operar el canal, a cambio de un pago de 10 millones dólares al año una vez que esté en operaciones.
La ley permite a HKND desarrollar proyectos secundarios —puertos, un aeropuerto, carreteras, un ferrocarril— incluso si el canal no se llega a construir.
En la audiencia de la CIDH sobre el canal, Buob criticó las expropiaciones a campesinos que supone la construcción del Canal Interoceánico, amparadas en la ley de concesión que establece que HKND, del empresario Wang Jing, puede expropiar cualquier terreno que considere necesario para llevar adelante el mega proyecto.
"Fue Sandino en Nicaragua el primero que defendió el derecho a la tierra de los nicaragüenses, y me extraña que un gobierno que toma prestado su nombre se disponga a entregar ese derecho", dijo el abogado del CEJIL aquella vez ante la CIDH.
Buob, responsable de los asuntos de Nicaragua por parte de CEJIL, indicó que esta es la primera vez que intenta ingresar al país luego de esa sesión. Como parte de sus funciones, acompaña y asesora a numerosas organizaciones de derechos humanos en esta nación, que ha visitado en varias ocasiones.
En un comunicado, el CEJIL —una organización regional con oficinas en Estados Unidos, Argentina, Brasil y Costa Rica, conocida por participar en el sistema interamericano de derechos humanos desde su fundación hace 25 años— pidió explicaciones al gobierno de Nicaragua.
"CEJIL espera que en forma pronta, el Estado nicaragüense realice públicamente un pedido de disculpas y que tome las acciones necesarias para permitir que el abogado Buob y CEJIL continúen realizando la labor de defensa de los derechos humanos en dicho país".
Vilma Núñez, presidenta ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo sentir "pena ajena" al referirse a lo ocurrido con sus invitados.
"La barbarie que pasó hoy revela la persecución de que somos objeto los defensores de derechos humanos en este país y definitivamente es contra esto que tenemos que actuar", afirmó.
Las autoridades nicaragüenses no respondieron a la solicitud de la AP para que dieran su versión de los hechos.
