Inquietos tras la declaración de independencia, cientos de miles de catalanes contrarios a la secesión marcharon este domingo 29 de octubre en Barcelona mostrando la división en la región, por cuyo control pugnan el gobierno español y el destituido ejecutivo independentista catalán.
Bajo el lema "¡Todos somos Cataluña!" y un mar de banderas españolas y catalanas, una multitud de personas se concentró en el elegante paseo de Gracia de la capital catalana: 300 mil según la policía local y 1.1 millones según los organizadores.
Respaldada por los principales partidos no separatistas, la marcha fue convocada por la asociación Sociedad Civil Catalana (SCC), que ya congregó una marcha masiva una semana después del referéndum inconstitucional sobre la secesión del 1 de octubre.
Años de tensiones entre el gobierno regional, con sede en Barcelona, y el central, en Madrid, culminaron el viernes con dos hechos sin precedentes en la historia moderna del país: el parlamento regional declaró la independencia y el ejecutivo español de Mariano Rajoy destituyó al gobierno catalán y tomó el control de su administración.
"Ha sido una locura que nos ha llevado al precipicio", repudió Álex Ramos, vicepresidente de SCC, en referencia a la proclamación de la república por la mayoría independentista del parlamento catalán y no reconocida por ningún país.
"Es un momento dramática en la historia de España, un momento tremendamente difícil y peligroso", advirtió el expresidente del Parlamento europeo, el catalán Josep Borrell, pidiendo a los manifestantes "serenidad" para "seguir viviendo juntos".
Y es que en esta región con 7.5 millones de habitantes, con un idioma propio pero muchos de sus habitantes procedentes de otras partes de España, la sociedad está dividida a partes iguales sobre la secesión.
Y ahora viven en realidades paralelas: mientras unos creen estar en una república independiente, otros se muestran aliviados tras la intervención del gobierno español, a quien piden más mano dura.
"¡Puigdemont a prisión, Puigdemont a prisión!", gritaban en la marcha sobre el presidente regional Carles Puigdemont, destituido el viernes por Mariano Rajoy.
"Nos han tomado el pelo. Es ilegal lo que han hecho", reprocha a los independentistas Miguel Ángel García, jubilado de 70 años.
"Si Madrid no hace pagar responsabilidades, judicialmente o como sea, me sentiré estafado completamente".
Por segundo día consecutivo, la región se despertó sin saber quién llevaba las riendas de su administración, en cuyos edificios seguían ondeando las banderas españolas.
Oficialmente, las funciones del gobierno regional las asumió la vicepresidenta del ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría. También el parlamento está disuelto hasta las elecciones convocadas por Rajoy, el 21 de diciembre.
Además, más de 150 altos cargos fueron cesados, la red de embajadas catalanas abiertas en los últimos años cerrada y la cúpula de la policía regional, los Mossos d'Esquadra, relevada por órdenes del Ministerio del Interior.Pero los líderes independentistas no reconocieron su cese.
En una carta en el diario El Punt-Avui, Oriol Junqueras, el vicepresidente del ejecutivo destituido por Madrid, aseguraba que "el presidente del país es y seguirá siendo Carles Puigdemont".
