El megaescándalo de corrupción que implica a gran parte de la clase política y la élite económica de Brasil ha provocado el auge de un sector de su renqueante economía: la venta de brazaletes electrónicos para controlar a los reos.
Empresarios adinerados o políticos implicados en la investigación Lava Jato suelen cumplir sus condenas en arresto domiciliario, bien por un acuerdo judicial para declarar o tras apelar sus condenas.
Esto hace que el uso de los dispositivos de control sea mucho más habitual, y no solo en reos de alto perfil, sino que se hacen más presentes para los jueces, que los utilizan cada vez más en otros casos para aliviar la peligrosa superpoblación de los penales brasileños.
"Gracias a la investigación, ahora hay más jueces que conocen los brazaletes y los requieren en sus decisiones”, dijo Marcelo Ribeiro de Almeida, director de Synergy, una empresa de Sao Paulo líder del sector.
"Nuestro sobrecargado y poco efectivo sistema penitenciario ha creado esta oportunidad de negocio". Desde su inicio en marzo de 2014, la pesquisa anticorrupción Lava Jato se ha cobrado múltiples víctimas en la élite del poder brasileño.
Altos ejecutivos de la petrolera estatal Petrobras y de empresas constructoras como Odebrecht formaron un cártel que decidía sobre la concesión de contratos inflados y sobre qué políticos y funcionarios debían recibir sobornos.
En el curso de una década, se pagaron más de 3 mil millones de dólares en mordidas, según las autoridades.
En los últimos tres años, el juez federal Sergio Moro, el principal juez al frente de la investigación, decretó el arresto domiciliario de casi 30 políticos importantes y líderes empresariales, a menudo después de alcanzar acuerdos que ayudaron a desmantelar la trama. El pequeño número de reos de alto perfil tuvo un efecto amplificado en toda la nación.
Cuando comenzó la pesquisa, menos de 10 mil presos estaban en arresto domiciliario en unos pocos de los estados más ricos del país, según las empresas que proporcionan las pulseras electrónicas.
Hoy en día hay más de 24 mil condenados que portan estos dispositivos en 22 de las 27 regiones.
Se espera que la cifra supere las 120 mil personas en cinco años.