La justicia española investiga 11 casos de empresas presuntamente vinculadas a las revelaciones consignadas en la investigación global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), según un informe al que tuvo acceso el diario español ABC.
En estos casos, que son considerados “sensibles”, se encuentran españoles que pudieron haber solicitado los servicios del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca.
La Fiscalía Anticorrupción de España manifiesta que los hechos investigados podrían guardar una conexión procesal, aunque podría haber más motivos. Según lo investigado por el diario español, los procesos en fase de investigación relacionados con los presuntos clientes del bufete de abogados Mossack Fonseca serían elocuentes e irían, desde dos piezas separadas del caso de corrupción conocido como Gürtel, que investiga la Audiencia Nacional de España, hasta la trama de corrupción que involucra al exvicepresidente del Gobierno español Rodrigo Rato.
En la actualidad, según el diario ABC, la Fiscalía Anticorrupción perseguiría dos objetivos al pedir la competencia sobre estos casos, derivada de su experiencia previa en asuntos de alto perfil como el caso Liechtenstein o el del banco HSBC.
El primer objetivo sería acceder al análisis de las revelaciones de la investigación global del ICIJ para poder determinar si hay evidencias sólidas de que pudo haberse cometido un delito.
El segundo objetivo trazado sería tratar de actuar contra los responsables del bufete Mossack Fonseca por el presunto delito de blanqueo de capitales al haber colaborado presuntamente para la ocultación de dinero que se presume procede de delitos que podrían haber sido cometidos en España, según indica el diario ABC.
Es en este punto donde sería clave, según el rotativo, el papel de los fiscales asignados en cada caso de corrupción en fase judicial, puesto que se tendría que demostrar que se pudieron haber cometido delitos previos y que el dinero obtenido se habría ocultado gracias a la colaboración del bufete.
No obstante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional que abrió diligencias a principios de mes encargó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía española un informe para seguir el rastro de Mossack Fonseca en sus pesquisas abiertas e hizo otro tanto respecto a la Agencia Tributaria, el organismo encargado de la recaudación de impuestos en España.
Hasta el momento, no se han conocido resultados de las averiguaciones.
Según los datos aportados por la investigación del ICIJ, podría haber al menos mil 200 sociedades, 558 accionistas, 166 presuntos clientes intermediarios y 89 presuntos beneficiarios con una supuesta dirección postal del país ibérico que aparecería en los documentos del bufete Mossack Fonseca.
Estas compañías offshore de presunto origen español pudieron ser regularizadas por la amnistía fiscal implementada por el ministro de Hacienda español Cristóbal Montoro, en marzo de 2012.