Cientos de personas protestaron el sábado en la capital guatemalteca contra el presidente Jimmy Morales debido a la crisis política que se vive en el país por su decisión de poner fin de manera unilateral a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y por desobedecer fallos constitucionales.
Portando banderas de Guatemala y pancartas donde se lee “No quiero vivir en un dictadura” y “Corruptos”, particulares, artistas, activistas y otros cientos de personas se unieron en protesta.
El presidente Morales anunció el lunes pasado que ponía fin de manera unilateral e inmediata al mando de la comisión, pese a que él mismo firmó y solicitó en 2016 que el ente permaneciera hasta septiembre de 2019.
Morales lanzó acusaciones contra la comisión, dirigida por el abogado colombiano Iván Velásquez, que está realizando investigaciones ideologizadas y selectivas.
El gobierno de Morales mantiene un constante ataque y acciones en contra del trabajo de la comisión de la ONU, que investiga a los cuerpos clandestinos y de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco y que realizan actos criminales y de corrupción, como retirar personal de seguridad o prohibir a los investigadores entrar al país, lo que le ha generado críticas a nivel nacional e internacional.
El viernes por primera vez durante la más reciente crisis en la que se ordenó finalizar el mandato de la comisión, Velásquez hizo pública la respuesta a las quejas del gobierno de Morales y respondió a los ataques en una carta enviada al Secretario General de Naciones Unidas.
“Con mayor intensidad desde la presentación de casos que implican a sectores políticos y económicos de alto poder, las campañas de desprestigio, difamación y amenaza (contra la comisión) se han incrementado”, expone Velásquez en la misiva enviada a los medios.
Morales se distanció de la comisión en enero de 2017, cuando ésta y la fiscalía detuvieron al hijo y hermano del presidente por uso de documentos y facturas falsas para la compra de canastas navideñas de una institución pública que se pagaron pero no se entregaron. En agosto de ese año comenzó a atacar a la comisión, cuando esta entidad y la fiscalía pidieron el retiro de la inmunidad de Morales por financiamiento anónimo del partido que lo llevó al poder en 2015.
En respuesta Morales declaró non grato y expulsó del país a Velásquez, pero la Corte de Constitucionalidad (CC) detuvo las intenciones presidenciales y suspendió la expulsión.
La CC ha sido la única institución que ha frenado las intenciones del gobierno de Morales de acabar con la comisión pues incluso bloqueó la decisión de finalizar con su mandato.
La Cicig tiene 11 años de funcionar en Guatemala, lapso durante el cual ha coadyuvado en la desarticulación, junto al Ministerio Público, de más de 60 organizaciones criminales, logrado las condenas contra más de 300 personas y mantiene sujetas a proceso a otras 600 acusadas de corrupción.
