Una jueza abrió un proceso a 11 militares retirados que están detenidos y que fueron acusados por la fiscalía de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad de cientos de personas durante la guerra.
La jueza Claudette Domínguez dijo que hay suficientes indicios para procesar a 11 de un total de 14 militares señalados por la fiscalía.
A los tres restantes se les consideró sin mérito para ser procesados por falta de pruebas suficientes de su supuesta participación. Sin embargo la jueza dijo que "la falta de mérito no cierra el proceso penal". La jueza dijo que hay ocho prófugos por este caso.
La fiscalía acusa a los detenidos de que entre los años 1978 y 1988 fueron miembros activos en la zona militar número 21, en Alta Verapaz, en la región norte del país donde, según el organismo, fueron asesinadas y desaparecidas cientos de personas.
Entre los militares que serán investigados está Benedicto Lucas García, hermano del extinto presidente Romeo Lucas García (1978- 1982), quien fue su Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Según la fiscalía un informe de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala al menos 558 osamentas y restos humanos han sido localizados en 83 fosas comunes, en la zona militar, de las cuales 97 restos han sido identificados.
Durante la audiencia la jueza dijo que los informes de la fundación son legales y pueden ser usados dentro del proceso, algo que los defensores de los militares habían intentado evitar.
Mauro Yat, de 60 años, llegó al tribunal de la audiencia explicó que las víctimas quieren justicia por lo sucedido. "Vamos a testificar" dijo.
Yat dijo que los padres y dos hermanos de su esposa, María de Jesús Pop, permanecen desaparecidos, luego de que en 1982 el ejército llegó a su comunidad y se llevaron a todos. "Los llevaron al destacamento militar y no supimos más de ellos", afirmó Yat.
La jueza Domínguez dijo que el ejército debió entonces proteger a las personas, especialmente a mujeres y niños.
Por este mismo caso la fiscalía solicitó el retiro de la inmunidad de Edgar Justino Ovalle, diputado electo por el partido Frente de Convergencia Nacional, que llevó a la presidencia a Jimmy Morales, quien también era su principal asesor y jefe de la bancada en el Congreso de su partido.
La Corte Suprema de Justicia aún está pendiente de decidir si tramita la solicitud de antejuicio.
Un informe de Naciones Unidas indicó que unas 245 mil personas murieron o desaparecieron durante el conflicto armado interno (1960-1996). Señaló que un 97% de las muertes fue responsabilidad del ejército y grupos paramilitares.
