El gobierno español defendió este viernes su decisión de impugnar ante la justicia la candidatura del líder independentista Carles Puigdemont a la presidencia regional de Cataluña, pese a la opinión desfavorable de un alto órgano consultivo.
Puigdemont está instalado en Bruselas desde finales de octubre, y está acusado por la justicia española de rebelión, sedición y malversación, por su papel en el proceso que culminó con una infructuosa declaración unilateral de independencia y el cese de todo su gobierno.
Es el único candidato previsto en el debate de investidura del próximo martes 30 de enero en la cámara catalana, y por su situación judicial y su ausencia del territorio español, el gobierno español considera que no puede optar al cargo, del que fue cesado por Madrid el pasado 27 de octubre.
El gobierno ya consignó el recurso ante el Tribunal Constitucional, informó a la AFP una fuente de la corte, órgano que debe ahora decidir si lo admite o no a trámite.
"Una persona que está en busca y captura en territorio nacional por delitos tan graves no puede tratar de ser investido presidente de la Generalitat sin asumir sus responsabilidades con la justicia", resumió este viernes tras el consejo de ministros la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría.
